Igualdad confirma 21 agresiones sexuales en Ceuta y traslada a 250 mujeres y niñas migrantes

Un mes después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, el Gobierno ha puesto cifras a uno de los episodios más dolorosos de la crisis: las agresiones sexuales sufridas por mujeres y niñas en la ciudad autónoma. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido este lunes en el Congreso y el Senado para detallar, con datos de la Fiscalía, el alcance de estos hechos y las medidas puestas en marcha para proteger a las víctimas.

Los datos de la Fiscalía

Según ha explicado Redondo, la Fiscalía contabiliza 21 agresiones sexuales desde el inicio de la crisis, cinco de ellas con penetración y un intento que no llegó a consumarse. De los cinco presuntos agresores investigados, dos hombres de origen magrebí ya han sido expulsados, dos españoles siguen siendo investigados y un ciudadano europeo está también bajo investigación. La ministra ha precisado además que nueve menores migrantes han sido atendidas por agresión sexual en el centro de crisis habilitado las 24 horas, por lo que Igualdad ha pedido que ese centro amplíe su horario de atención y que las víctimas puedan permanecer allí más allá de las 72 horas fijadas inicialmente, hasta contar con una alternativa segura.

Redondo ha aportado también el dato del teléfono 016, el número de atención a víctimas de violencia de género, que ha recibido 16 llamadas y cuatro consultas por WhatsApp desde el inicio de la crisis, ninguna vinculada directamente a los hechos de Ceuta. La ministra ha matizado que la ausencia de denuncias no implica ausencia de agresiones, y ha apuntado a las barreras idiomáticas como uno de los obstáculos para que las víctimas pidan ayuda.

Ante la violencia sexual, no caben cálculos políticos

La ministra ha insistido en que la responsabilidad de una agresión recae siempre en quien la comete y ha pedido no criminalizar a las personas por su procedencia o el color de su piel, en referencia al clima de crispación que rodea la crisis migratoria. Según ha denunciado, alrededor del caso se están extendiendo discursos y comportamientos racistas que, a su juicio, no deben confundirse con la respuesta institucional que exige proteger a las víctimas.

Traslados a nuevos refugios

En paralelo a estas declaraciones, este lunes se ha producido el traslado de alrededor de 250 mujeres y niñas migrantes desde el polideportivo del barrio ceutí de El Príncipe, donde llegaron a dormir unas 400, hasta un nuevo centro de acogida habilitado en las instalaciones del Centro Ecuestre, en la zona de La Hípica. El Gobierno de Ceuta ha explicado que el objetivo del traslado es evitar que las mujeres y niñas permanezcan en la calle expuestas a posibles agresiones. Las trasladadas, entre ellas embarazadas y madres con hijos, viajaron en autobuses municipales escoltados por la policía, en una operación en la que también participaron vecinos de la zona en las tareas de atención. Según el Ministerio de Inclusión y Migraciones, ya son 3.300 las plazas de atención humanitaria habilitadas en la ciudad autónoma.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en casi 800 los migrantes trasladados este lunes a recursos habilitados, entre madres con hijos, menores acompañados y adultos, y ha señalado que el siguiente paso es la filiación de estas personas para tramitar cuanto antes las devoluciones, para lo que el Ministerio del Interior ha reforzado el dispositivo con 60 nuevos agentes de Policía Nacional y 11 funcionarios del área de asilo.

Qué viene ahora

La crisis, que arrancó a finales de julio con la llegada masiva de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos, sigue generando tensión también fuera de la esfera humanitaria. El Ejecutivo ha anunciado que Igualdad y Protección Civil diseñarán de forma conjunta un protocolo estable de emergencia migratoria con perspectiva de género, que Redondo ha presentado como una lección aprendida de lo ocurrido en Ceuta para poder activar de forma inmediata los recursos de protección ante crisis similares en el futuro. El Gobierno ha anunciado también la incorporación de un segundo juez de refuerzo para la ciudad autónoma, después de que el Consejo General del Poder Judicial trasladara la petición formal este mismo lunes.

La gestión de la crisis sigue dividiendo a las fuerzas políticas. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos y ha pedido que el Congreso investigue al presidente Pedro Sánchez por su gestión de la crisis. Desde Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha calificado de poco creíble que las autoridades marroquíes no tuvieran conocimiento del cruce masivo de la frontera, mientras que socios de investidura como Compromís han reclamado también el traslado de menores migrantes a la península. El Gobierno, por su parte, mantiene que no existen indicios de participación de Marruecos en el origen de la crisis.

Queda por ver si el nuevo protocolo con perspectiva de género logra dar respuesta a la atención de las víctimas mientras continúan los traslados y las devoluciones, y si la búsqueda de nuevos espacios de acogida en la ciudad, entre ellos la antigua fábrica de harina que este lunes generó protestas vecinales, consigue el consenso que el Gobierno dice perseguir.