La Policía saca a Maricarmen, de 87 años, de su casa de Retiro tras siete décadas y cuatro intentos de desahucio

Centenares de personas se concentraron este miércoles en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, para intentar impedir el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que llevaba siete décadas viviendo en el mismo piso. Un grupo de activistas organizó una sentada en el portal del edificio, pero agentes de la Policía Nacional los desalojaron para dar paso al lanzamiento. Hubo forcejeos y gritos, y los antidisturbios tuvieron que reventar la puerta de acceso para sacar a quienes se habían atrincherado en la entrada y en las escaleras.

Según relató su abogada, Beatriz Duro, a las puertas del inmueble, la propiedad había rechazado las últimas propuestas presentadas para aplazar el desalojo y tampoco accedió a concederle unas horas para recoger sus pertenencias, que según le comunicaron le harían llegar más adelante. Maricarmen, que padece una discapacidad del 50% y una salud delicada, preparó unas pocas bolsas antes de que las fuerzas de seguridad, tras acceder al sexto piso, sacaran también a la prensa que la acompañaba y dieran paso al Samur social.

Un contrato de 1956

El caso se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó el contrato de arrendamiento en 1956, bajo el régimen de la llamada renta antigua. A su muerte, el alquiler se subrogó primero en su esposa y después en la propia Maricarmen, que mantuvo las mismas condiciones, con una renta actualizada cada año según el IPC más gastos como el IBI, durante casi dos décadas.

La propiedad del edificio pasó en 2018 a la empresa Urbagestión, que, según denuncian los colectivos de apoyo a la inquilina, trató de subirle el alquiler un 275%. Maricarmen ganó en primera instancia, pero el Tribunal Supremo acabó fallando a favor del inversor, lo que abrió la puerta al cuarto intento de desahucio desde entonces.

Maricarmen está cansada pero tiene fuerzas para seguir adelante

Durante la protesta, los manifestantes corearon consignas como 'Maricarmen se queda' o 'esta señora podría ser tu abuela', y por el lugar pasaron también representantes políticos, entre ellos la eurodiputada Irene Montero y el diputado de Sumar Enrique Santiago, que lamentó que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid, competentes en materia de vivienda, hayan ofrecido una solución a la anciana. El Sindicato de Inquilinas, que ha acompañado el caso desde el principio, denunció además el uso de material antidisturbios, incluido gas, para desalojar a los activistas del portal.

Un pulso entre administraciones

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana urgió este miércoles al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a intervenir y respaldó el requerimiento que Naciones Unidas había trasladado al Estado español para suspender cautelarmente el desalojo. El ministerio reprochó al Consistorio no haberse pronunciado sobre la situación de vulnerabilidad de Maricarmen pese a tener, según dijo, una solicitud sobre la mesa desde hace meses, y criticó a la Comunidad por no ofrecerle una alternativa habitacional ni un complemento de rentas.

Fuentes municipales respondieron que los servicios sociales del Ayuntamiento llevan tiempo haciendo seguimiento del caso y que emitieron el correspondiente informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado. Según estas mismas fuentes, Maricarmen es usuaria de varias prestaciones sociales municipales, entre ellas la ayuda a domicilio, y el Consistorio le ha ofrecido distintos recursos de alojamiento que la mujer, sostienen, ha rechazado expresamente cuando se le han planteado. El Sindicato de Inquilinas, por su parte, asegura haber trasladado a las administraciones propuestas como la compra pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler, sin obtener respuesta.

Con Maricarmen ya fuera del piso, queda por ver dónde pasará las próximas semanas y si alguna de las tres administraciones que se han señalado unas a otras durante toda la mañana termina por ofrecerle una alternativa que hasta ahora, según denuncian los colectivos que la han acompañado, no ha llegado.