La Fiscalía de Bolivia ordena detener a Evo Morales, acusado de terrorismo y alzamiento armado
El expresidente boliviano afronta seis delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado, tras los bloqueos de carreteras que paralizaron el país durante más de 50 días.
La Fiscalía de Bolivia ha ordenado la detención del expresidente Evo Morales por la presunta comisión de seis delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, según ha informado El Español. La orden llega en el marco de los bloqueos de carreteras que mantuvieron paralizado el país durante más de 50 días en protesta contra el Gobierno de Rodrigo Paz.
El escrito lleva la firma del fiscal anticorrupción Brayan Melgar y responde a una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, organización civil conservadora del departamento boliviano del mismo nombre, a la que se ha sumado el Ministerio de Gobierno. Según detalla el citado medio, los delitos investigados incluyen también atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Morales rechaza los cargos
El propio Morales ha salido al paso de la acusación y ha señalado directamente al Ejecutivo de Rodrigo Paz como responsable de la orden judicial. En un mensaje difundido en redes sociales, recogido por El Español, el exmandatario ha sostenido que el Gobierno «busca responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción».
Solo intentan desviar la atención con un nuevo titular. No nos van a intimidar
El exmandatario ha insistido en que está «del lado de quienes sufren» y ha advertido de que, según sus palabras, «con procesos y persecuciones políticas no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado». La denuncia no afecta únicamente a Morales: según el diario boliviano El Deber, también incluye al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, que ya se encuentra en prisión preventiva.
Semanas de bloqueos
El origen de la causa se remonta a los meses de mayo y junio de 2026, cuando campesinos de La Paz y la propia COB impulsaron bloqueos de carreteras en el occidente y el centro de Bolivia durante siete semanas, con el respaldo de sectores afines a Morales, para exigir la renuncia de Rodrigo Paz. Según El Español, las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades del país.
Morales ha negado haber promovido la renuncia del presidente, aunque el propio expresidente escribió el 24 de mayo en X que Paz solo tenía «dos caminos» ante los conflictos: «militarizar» el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días. Tras alcanzar acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, lo que permitió el despliegue de la Policía y el Ejército en las carreteras para retirar los obstáculos y restablecer la circulación.
El coste humano
La factura de aquellas siete semanas de protestas ha sido, según los datos manejados hasta ahora, considerable. Un informe presentado a principios de julio por la Defensoría del Pueblo boliviana cifra en 22 los muertos y en 88 los heridos derivados de los bloqueos, aunque la propia institución matizó que «se han manejado muchas cifras» y recordó que corresponde a la Fiscalía aportar los datos definitivos e iniciar los procesos penales que correspondan.
La orden de detención se suma así a un clima de tensión política que se arrastra desde la llegada de Paz a la presidencia y que ha reabierto el pulso entre el nuevo Ejecutivo y el entorno del expresidente, una de las figuras más influyentes y también más polarizantes de la política boliviana de las últimas dos décadas.
Queda por ver si la Fiscalía logra hacer efectiva la detención de Morales, qué recorrido judicial tendrán las acusaciones contra los otros dos dirigentes sindicales implicados y si el caso agrava aún más la crisis política que atraviesa Bolivia en plena crisis económica y social.
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