12 de cada 100 votantes fuera de España: la Ley de Nietos dispara el censo electoral exterior

El censo electoral español vive una transformación silenciosa. Según reveló en abril el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, 2,45 millones de descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, la conocida como ley de nietos. Hasta marzo se habían iniciado más de 1,2 millones de expedientes, de los que 545.000 estaban ya aprobados y 306.500 completados en el registro consular, el trámite previo y definitivo para entrar en el censo electoral, según los datos oficiales recogidos por El Mundo.

El salto del censo exterior

La diferencia con el ritmo anterior a la norma es notable. En todo 2021, el censo de españoles en el exterior creció en 57.667 personas. Desde la entrada en vigor de la ley, en octubre de 2022, la cifra se ha disparado en 461.858 nuevos electores, de los que 403.473 se han inscrito desde las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, según los datos consultados por el diario.

El ritmo no ha dado tregua ni en los meses más recientes. Solo entre enero y agosto de este año se registraron 82.790 nuevas altas, más que en todo el año anterior a la entrada en vigor de la norma, y entre junio y agosto el Censo Electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA) sumó otros 31.702 votantes. Con este ritmo, el peso del voto exterior sobre el censo total ha pasado del 6,14% en octubre de 2022 al 7,13% el pasado 1 de agosto: siete de cada cien votantes españoles ejercerían hoy su derecho desde fuera del país.

De no haber mediado el reciente frenazo judicial, la proyección apuntaba todavía más lejos. De completarse el proceso con las cifras ya conocidas de solicitudes y expedientes, hasta 12 de cada 100 inscritos en el censo habrían acabado votando desde el extranjero, según las estimaciones que se desprenden de los propios datos de Exteriores.

El impacto en las provincias

El aumento, del 20% de media a nivel nacional, no se reparte igual por el mapa. La Comunidad de Madrid encabeza las subidas con un repunte del 36,67% en el voto desde el exterior, lo que sitúa ya en 9 de cada 100 los votantes madrileños censados fuera de España. Le siguen Baleares (30,21%), Álava (29,12%) y Girona (28,22%), y otras quince provincias superan la media nacional. En el extremo contrario, Lugo, Pontevedra, Córdoba, A Coruña, Badajoz y Ourense registran los incrementos más bajos, con Ourense cerrando la lista en el 7,79%.

Ahí está la clave del debate, más que en las cifras en bruto. La normativa exige a quienes nunca han residido en España declarar «el municipio de mayor arraigo propio o de sus ascendientes» para inscribirse. En comunidades como Galicia o Asturias ese vínculo responde a corrientes migratorias históricas y documentadas. En Madrid, sin embargo, el fenómeno obedece a otra lógica.

el elevado volumen responde a un arraigo ficticio o de conveniencia: es la capital

El impacto no es solo estadístico. El propio Ministerio de Inclusión y Migraciones reconoció tras las elecciones de 2023 que el voto exterior tiene capacidad para «alterar el último escaño en hasta nueve provincias con diferencias inferiores a 2.000 votos». Fue precisamente ese margen el que permitió entonces al PP arrebatar un diputado al PSOE en Madrid tras el recuento del CERA, un antecedente que explica por qué la cuestión ha dejado de ser un debate técnico para convertirse en un asunto de primer orden político.

Qué viene ahora

Ante la ambigüedad de la norma, el Tribunal Supremo ha reclamado un informe a la Oficina del Censo Electoral para aclarar cuántas de las inscripciones registradas hasta ahora se han tramitado efectivamente al amparo de la ley de nietos, un requerimiento que ya ha paralizado parte del proceso. Mientras se resuelve, queda abierta la pregunta de fondo: qué constituye un arraigo real y qué peso deben tener en las urnas quienes nunca han pisado España.