Ceuta eleva a 88 los muertos en la avalancha migratoria y ya circula el aviso de un nuevo asalto el 15 de agosto

La crisis migratoria de Ceuta no da tregua. Según ha confirmado este martes la Delegación del Gobierno, el hallazgo de tres nuevos cadáveres eleva a 88 el número de fallecidos vinculados a la entrada masiva de inmigrantes registrada los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron de forma irregular la frontera del Tarajal desde Marruecos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cifrado en 72.000 las personas que accedieron a la ciudad autónoma en aquella jornada, de las que 70.000 ya habrían regresado a Marruecos, según sus datos.

El origen de la avalancha

El Gobierno insiste en que no recibió ningún aviso previo de lo que se preparaba. «No hubo ningún informe o aviso», ha repetido Marlaska ante los ministros de Interior de la Unión Europea. Sin embargo, según recoge OKDiario, en Marruecos se llevaban semanas vendiendo trajes de neopreno y flotadores para facilitar el cruce a nado, y en redes sociales circulaban mapas e instrucciones para asaltar la frontera. El PP sostiene además que el CNI sí había alertado con antelación de la posibilidad de una entrada masiva, una versión que el Ejecutivo no ha desmentido de forma tajante.

«¿Qué legitimidad tiene un régimen que permite una invasión de 100.000 personas y no hace nada por detenerla?»

Esa pregunta, lanzada por el líder de Vox, Santiago Abascal, en la red social X, resume el tono de una oposición que no ha dado tregua al Gobierno. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido el cese de Marlaska y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por «no haber actuado» pese a disponer de información. Vox, por su parte, ha denunciado ante la Audiencia Nacional al delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, y se ha personado como acusación popular. El propio tribunal ha abierto diligencias para determinar si detrás de la entrada masiva hubo un «grupo criminal» organizado.

El frente europeo

La respuesta desde Bruselas ha sido igual de agria. Hasta 22 países de la Unión Europea, además de Estados Unidos, firmaron una carta de protesta contra la política migratoria española. Italia llegó a suspender temporalmente el espacio Schengen con España, mientras Dinamarca y Finlandia reclamaron estudiar la expulsión española del área de libre circulación. Solo Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo se negaron a sumarse al documento. El expresidente José Manuel Albares ha optado por exculpar a Marruecos, atribuyendo la ofensiva mediática a lo que llama «la internacional reaccionaria», mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado directamente al país africano por «usar la inmigración para presionar» a España.

Los ministros de Interior de la Unión Europea, reunidos este martes por videoconferencia, han acordado reforzar las fronteras exteriores, los retornos y los sistemas de alerta temprana, y han dado por controlada la situación al considerar que la mayoría de quienes cruzaron ya han sido devueltos. Marlaska ha reivindicado ante sus homólogos que España está a la «vanguardia» en el control de la migración irregular y ha pedido a Italia que revoque la suspensión de Schengen.

Lo que queda por resolver

Sobre el terreno, la situación es más frágil de lo que sugieren las ruedas de prensa. La barrera de contención instalada en el espigón del Tarajal, de 500 metros de longitud, ha sufrido daños apenas tres días después de su instalación, según ha informado El Faro de Ceuta. El Gobierno de la ciudad autónoma calcula que acoge ya a un millar de menores extranjeros no acompañados y ha pedido al Estado que «actúe ya» ante una situación que considera «insostenible». La vicepresidenta ceutí, Kissy Chandiramani, ha admitido abiertamente su temor a que el episodio se repita: «Está claro que si Marruecos quiere, esto se repetirá cuando ellos quieran».

Ese temor no es hipotético. Según ha detectado OKDiario, decenas de cuentas marroquíes en redes sociales están convocando un nuevo asalto a la frontera para el próximo 15 de agosto, con el lema «todo cobra sentido ese día» y llamadas a coordinarse por grupos de WhatsApp. Mientras la Audiencia Nacional investiga si la entrada masiva respondió a una operación concertada, y el Gobierno destina 25 millones de euros adicionales a la acogida de menores, la pregunta que nadie en Madrid ni en Rabat ha respondido con claridad es la misma que llevaba semanas circulando antes de julio: si se veía venir, por qué nadie lo detuvo a tiempo.