Los consejeros del PP plantan al Gobierno en la reunión sobre la regularización de inmigrantes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, convocó este jueves la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración para hacer balance del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. La cita, la quinta de la legislatura, estaba prevista a partir de las 11:30 horas en la sede del ministerio en Madrid, con la participación de los consejeros del ramo de las distintas comunidades y ciudades autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. No llegó a celebrarse.

Un boicot coordinado

Según The Objective, la mayor parte de los gobiernos autonómicos del PP decidió no participar en la reunión, que finalmente no se pudo celebrar por falta de cuórum. Antes de retirarse, los consejeros populares leyeron una declaración conjunta a la que tuvo acceso la agencia EFE. En ese texto tachan de «simulación» la Conferencia Sectorial, acusan al Ejecutivo de «deslealtad institucional» y rechazan avalar lo que califican de «política migratoria opaca e irresponsable».

Tacha de «simulación» la reunión y acusa al Gobierno de «deslealtad institucional»

El plantón no surge de la nada. Desde el 8 de julio, el PP ha llevado la ofensiva sobre la regularización al Congreso: registró 22 preguntas parlamentarias y una Proposición no de Ley para fiscalizar el proceso, además de exigir la comparecencia urgente de los ministros Fernando Grande-Marlaska, de Interior, y de la propia Elma Saiz. El argumento de fondo, según trasladaron entonces fuentes del partido, es que el Gobierno avanza sin ofrecer cifras oficiales ni criterios públicos sobre quién se está regularizando y con qué requisitos.

Más de un millón de solicitudes

El proceso de regularización extraordinaria, uno de los grandes anuncios de esta legislatura para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cerró el plazo de solicitudes el pasado 30 de junio con 1.174.978 peticiones registradas en toda España, según los datos que maneja el propio ministerio. Es precisamente ese balance, junto con el despliegue del Plan de Integración y Convivencia Intercultural 2026-2030 anunciado por Sánchez el mismo 30 de junio y dotado con más de 500 millones de euros para su primer año, lo que debía abordarse en la reunión de este jueves.

Varias comunidades autónomas, no solo las del PP, habían pedido en las últimas semanas más coordinación e información por parte del Estado ante el volumen de solicitudes que están gestionando sus servicios sociales. Los gobiernos populares, sin embargo, han elevado el tono: denuncian que la falta de datos desglosados por territorio, nacionalidad o situación administrativa alimenta la sospecha de que el proceso se está aplicando con criterios políticos antes que técnicos.

La respuesta del Gobierno

Desde el Ministerio de Inclusión se ha insistido en que el proceso avanza con normalidad, que las regularizaciones se resuelven de forma individualizada y que la cifra de solicitudes registradas confirma, a su juicio, el éxito de la medida. Saiz ha calificado en varias ocasiones la regularización extraordinaria como uno de los grandes hitos de la legislatura. El boicot de este jueves deja, no obstante, en evidencia que ese relato no es compartido por la mayoría de los gobiernos autonómicos del PP, que optan por escenificar su rechazo en lugar de sentarse a discutir cifras en una mesa que consideran de escaparate.

El choque llega además en un momento en el que el Ejecutivo cuenta con una mayoría parlamentaria ajustada, lo que da margen a la oposición para intentar forzar comparecencias y votaciones que obliguen al Gobierno a retratarse sobre su política migratoria. Si la Proposición no de Ley registrada por el PP sale adelante en el Congreso con el apoyo de otros grupos, el Ejecutivo tendría que elegir entre acatar la resolución o abrir un debate público que hasta ahora ha evitado.

Queda por ver si el Gobierno convoca una nueva Conferencia Sectorial con garantías de participación de todas las comunidades, y si accede a las comparecencias de Marlaska y Saiz que reclama el PP. De momento, el desencuentro deja la política migratoria como uno de los frentes abiertos entre Moncloa y los gobiernos autonómicos populares de cara a los próximos meses.