El Gobierno de Ayuso pide desalojar Sol por las «graves condiciones de salubridad»

La Comunidad de Madrid ha pedido formalmente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ordene el desalojo de la acampada instalada desde principios de octubre en la Puerta del Sol. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, le ha remitido una carta en la que invoca, según ha informado The Objective, «graves condiciones de salubridad» en las instalaciones del metro que discurren bajo la plaza.

La petición no llega sola. La acompaña un informe técnico de Laboratorios Himalaya, fechado el propio 15 de octubre, que documenta la acumulación de orina, excrementos y residuos orgánicos en los pozos de ventilación y los accesos de la estación de Sol.

Amoníaco en los pozos

Según los datos recogidos en ese informe, las concentraciones de amoníaco alcanzan ya el 80% del límite ambiental permitido, fijado en 14 mg por metro cúbico. Los técnicos detectan también presencia de aminas y compuestos orgánicos en descomposición, derivados de la acumulación prolongada de orina en espacios con escasa ventilación.

Las bacterias ambientales descomponen rápidamente la urea, generando gases tóxicos

El propio informe advierte de que, en recintos cerrados, las bacterias descomponen con rapidez la urea y generan una mezcla de gases y vapores que obliga a extremar las precauciones del personal de limpieza. La recomendación técnica pasa por una intervención urgente con vehículos especializados de succión, capaces de retirar los residuos sin dispersar la contaminación por el resto de la red.

El deterioro de la estación no es el único efecto colateral señalado en el escrito. La acampada ha obligado a cerrar parcialmente en distintos momentos las líneas 1, 2 y 3 a su paso por Sol, y existen grabaciones que documentan tanto el uso de la fuente de la plaza a modo de piscina improvisada como distintos actos de carácter vandálico.

El agujero en las cuentas de Metro

La carta de la Comunidad pone además cifras al impacto económico. Según los cálculos de Metro de Madrid hasta el 13 de octubre, la pérdida de ingresos por el descenso de viajeros, 120.029 desplazamientos menos en el entorno de la estación, asciende a 167.689 euros. A eso se suman 11.296 euros en costes de personal y 7.664 euros en refuerzos de seguridad. El total reclamado roza los 186.649 euros.

La protesta que ha motivado esta petición nació a comienzos de octubre como una acampada por el derecho a la vivienda, tras una concentración en torno al desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada el 23 de septiembre. Desde entonces, el campamento ha crecido hasta ocupar buena parte de la plaza, con la bajada de los alquileres y el fin de los desahucios como principales reivindicaciones.

Un pulso que ya tiene recorrido judicial

No es el primer intento de la Comunidad de Madrid por levantar el campamento. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el pasado 5 de octubre una solicitud previa de desalojo urgente, y el Gobierno regional ha advertido de que agotará «todas las vías legales» disponibles, sin descartar recurrir al Tribunal Supremo. La acampada ha sufrido además varios intentos de grupos de ultraderecha de llegar hasta la plaza, repelidos por la Policía Nacional con detenciones incluidas.

La pelota queda ahora en el tejado de la Delegación del Gobierno, a quien corresponde decidir si el argumento sanitario logra lo que no consiguió antes el jurídico. Mientras tanto, los pozos de Sol siguen acumulando lo que la plaza, dos semanas después, ya no puede disimular.