El juez suma al 'caso Cerdán' los 62 millones de las obras de Belate que Chivite adjudicó a Servinabar

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha incorporado a la instrucción del 'caso Cerdán' las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, el contrato de 62,8 millones de euros que el Gobierno de Navarra adjudicó en enero de 2024 a la UTE formada por Acciona, Construcciones Osés y Servinabar. Según ha adelantado ABC, el magistrado ha dictado una providencia que suma esta adjudicación a la causa que investiga irregularidades en obra pública vinculadas a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y a su socio Antxon Alonso Egurrola.

Servinabar, la mercantil en el centro de la trama, es propiedad al 45% de Cerdán según la documentación reunida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Hasta ahora, la instrucción se había centrado en otros contratos menores, dejando fuera la obra de mayor cuantía a la que accedió la empresa en Navarra: el tramo de la N-121-A que conecta con Francia a través de Irún.

El expediente que faltaba

El caso arrancó en el Tribunal Supremo, que investigaba la presunta red de mordidas en obra pública con epicentro en Navarra hasta que, tras la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado, la causa migró en febrero a la Audiencia Nacional. Belate quedó entonces al margen, pese a que desde septiembre de 2024 la Guardia Civil disponía de una denuncia de UPN señalando irregularidades en la licitación. Según la providencia conocida por ABC, el juez ha decidido integrar ahora este contrato tras recibir un oficio de la UCO con el estado de sus pesquisas sobre Belate, a la espera de un nuevo informe sobre la licitación que podría abrir nuevas diligencias.

Los antecedentes de la adjudicación ya habían generado sospechas antes de llegar a los tribunales. El Gobierno de Navarra maniobró en los presupuestos de 2022 y 2023 para blindar en su puesto a Jesús Polo, el funcionario que presidía la mesa de contratación y que estaba próximo a la jubilación. Esa mesa acabó adjudicando el contrato a la UTE de Servinabar pese a que los tres técnicos jurídicos emitieron un voto particular alertando de irregularidades.

El presidente de la mesa no solo habría votado el último, sino que trató de influir en la decisión de sus compañeros

Lorenzo Serna, secretario de aquella mesa, fue posteriormente apartado de su puesto y trasladado a una nave industrial, según ha podido reconstruir ABC. En la comisión que investigó el asunto en el Parlamento de Navarra, Serna sostuvo que Polo votó en último lugar conociendo ya las puntuaciones del resto de miembros. Los otros dos técnicos, Guillermo Vallejo y Francisco José Ansorena, fueron más allá y afirmaron que el presidente de la mesa trató de influir en su decisión, uno de los extremos que ahora deberá esclarecer la instrucción judicial.

Sobrecostes bajo sospecha

A las dudas sobre el procedimiento se suma el capítulo económico. Un informe de la Intervención General del Departamento de Hacienda navarro, conocido el pasado noviembre, detectó que de los 8,5 millones que figuran en el modificado de la obra, 2,3 millones corresponden a imprevistos justificados pero otros 6,2 millones responden a cambios impulsados por la propia adjudicataria sin justificación aparente. La revelación provocó el cese, el 2 de diciembre, del entonces director general de Obras Públicas del Gobierno foral, Pedro López Vera.

El propio Óscar Chivite, responsable del departamento que adjudicó el contrato y tío segundo de la presidenta navarra, ya había anticipado el sobrecoste en julio, durante su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. "Son imprevistos", justificó entonces, insistiendo en que los consejeros no adjudican obras directamente.

María Chivite, que tenía en Cerdán a su valedor político en el PSN, ha tratado de desligarse públicamente de él desde que estalló el escándalo. Sin embargo, según la información recabada por la UCO, la presidenta navarra mantuvo varias reuniones con Antxon Alonso en el Palacio de Navarra, y otros miembros de su Gobierno también se vieron con el empresario, en un primer momento para tratar el proyecto de la mina de Muga, donde los investigadores sitúan el origen de la presunta trama.

La incorporación de Belate amplía el foco de una instrucción que ya salpica a varios cargos del Gobierno navarro y que ahora deberá determinar si hubo manipulación en la adjudicación de la obra más cara que Servinabar logró en la comunidad foral. El siguiente paso, según la resolución judicial, dependerá del informe que la Guardia Civil tiene pendiente de remitir sobre la licitación.