La jueza de Urda aprende de Adamuz para evitar que Adif contamine la escena del accidente

La jueza que instruye el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha decretado ya sus primeras medidas en la causa, y lo ha hecho mirando de reojo a un caso que le resulta muy familiar. Según ABC, Aristea Afroditi Ortiz Tiliakou, titular del juzgado de Orgaz, ha tomado como referencia la experiencia de Cristina Pastor Recover, la magistrada de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente de Adamuz, con quien compartió promoción en la Escuela Judicial.

El objetivo de esas primeras diligencias, de acuerdo con el diario, es evitar que Adif, el gestor de las infraestructuras ferroviarias, intervenga en el escenario del accidente antes de que los peritos judiciales completen su examen. Dicho de otro modo: blindar las vías, los sistemas de señalización y los registros de mantenimiento frente a cualquier alteración que después dificulte determinar las causas técnicas del siniestro.

La sombra de Adamuz

El precedente que preocupa a ambas magistradas es reciente. Nueve meses antes de Urda, el accidente de Adamuz dejó 46 muertos y una instrucción judicial marcada por el roce constante entre la asociación de víctimas, los organismos técnicos de investigación ferroviaria y Adif. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, ha sido especialmente crítico con el funcionamiento de esas comisiones.

«Si esto vuelve a ser un gallinero, me levanto y me voy»

Esa frase, pronunciada por Samper al referirse al tono de los debates sobre la gestión del siniestro, resume el clima de desconfianza que ha acompañado la causa de Adamuz desde el principio. Las víctimas han reclamado en repetidas ocasiones que la investigación se mantenga al margen de la propia Adif, señalada como parte interesada en el resultado.

Un patrón que se repite

El accidente de Urda, ocurrido el pasado 30 de octubre, se ha saldado con cerca de 68 muertos y ha reabierto el debate sobre el estado de la red ferroviaria española, en particular de los tramos de alta velocidad. ABC ha informado en los últimos días de que Adif diluyó los datos de mantenimiento de la Alta Velocidad en un cómputo global para evitar que se conociera que en 2025 solo invirtió 438 millones de euros en esa partida, y de que la presidencia de la empresa pública rechazó duplicar el gasto en mantenimiento poco antes del accidente de Adamuz.

En ese contexto es en el que la jueza de Orgaz ha decidido no esperar a que surjan los mismos problemas que ha arrastrado la causa cordobesa. Al adoptar medidas de protección de la escena desde el primer momento, busca que ningún informe pericial posterior pueda ser cuestionado por un supuesto acceso previo de Adif al lugar del siniestro.

Qué cambia ahora

La coordinación entre ambas magistradas, compañeras de promoción, no implica que las dos causas se vayan a unificar, pero sí que la experiencia acumulada en Adamuz empieza a convertirse en protocolo para accidentes posteriores. Para las asociaciones de víctimas, que en Córdoba llevan meses pidiendo transparencia frente a Adif y al Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, se trata de una garantía mínima que en su caso llegó tarde.

Por ahora, ninguna de las dos instrucciones ha fijado responsabilidades. Queda por ver si las pruebas protegidas en Urda permiten esclarecer antes que en Adamuz si el mantenimiento de la línea tuvo algo que ver en la tragedia, y qué papel termina atribuyendo la Justicia a la gestora ferroviaria en uno y otro caso.