Sánchez cuela en su decreto de Ceuta la censura a la Guardia Civil y la Policía Nacional

El Gobierno ha publicado, con un mes de retraso sobre los hechos, el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta tras la entrada irregular de migrantes de los días 30 y 31 de julio. El texto no incluye ni la declaración de un estado de emergencia ni una dotación adicional de medios o de dinero para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sí incluye, según ha revelado Libertad Digital, un artículo dedicado por completo a la comunicación pública durante la crisis.

Un gabinete en Moncloa

El artículo 10 del decreto crea un Gabinete de Coordinación Informativa dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación y bajo la dirección de la Portavocía del Gobierno, encargado de coordinar toda la comunicación pública mientras dure la declaración. En la práctica, según la interpretación del citado medio, la norma retira a los departamentos de comunicación propios de la Policía Nacional y la Guardia Civil su capacidad de informar de forma autónoma sobre lo que ocurre en la ciudad, para concentrarla en un único órgano controlado por el Ejecutivo.

Se acabaron los datos oficiales fiables

La medida llega, recuerda Libertad Digital, después de que el único cargo cesado por el Gobierno a cuenta de la crisis de Ceuta fuera la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional, apartada tras confirmar públicamente la entrada de los migrantes en la ciudad. Esa destitución, señala el medio, se interpretó entonces como un aviso sobre qué información podía salir a la luz y cuál no. El nuevo artículo del decreto, sostiene la publicación, institucionaliza ese control al fijar por escrito quién puede hablar y bajo qué mando.

Lo que el decreto no trae

Frente al detalle con que se regula la comunicación, el resto del articulado resulta, según Libertad Digital, mucho más difuso en medios materiales. El texto no otorga a los militares desplegados el estatuto de agente de la autoridad ni les habilita para tareas policiales de identificación o expulsión de inmigrantes. Tampoco recoge una partida económica extraordinaria ni un refuerzo de efectivos más allá de la coordinación administrativa ya existente. El artículo 7 se limita a atribuir al Consejo de Seguridad Nacional funciones de dirección y coordinación, y a activar una Célula de Coordinación permanente que podrá crear órganos de apoyo en la zona, siempre sin alterar las competencias de cada autoridad.

El propio preámbulo del decreto, recogido por el medio, describe lo sucedido en términos administrativos: habla de una entrada irregular que generó "una presión inédita" sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida, y que afectó a servicios públicos como los sociales, los de protección de menores, la seguridad, el transporte y la gestión administrativa. Libertad Digital subraya que el texto evita en todo momento palabras como invasión, Marruecos, colapso sanitario, denuncias por violación o el repunte de inseguridad en las calles que, según ese diario, se vive en la ciudad autónoma.

La versión del Gobierno

El propio decreto recoge también la versión oficial del Ejecutivo sobre su gestión de la crisis: asegura que desde el inicio ha movilizado "todos los recursos necesarios para reforzar la frontera", impulsar el retorno de quienes accedieron de forma irregular y apoyar a la población ceutí, y que esas actuaciones han permitido "reducir drásticamente la presión inicial" y mantener el orden público en la ciudad. Libertad Digital califica ese balance de ejercicio de cinismo, en contraste con el relato que atribuye a vecinos y sindicatos policiales sobre la situación real en Ceuta.

El texto deja fuera del paraguas del nuevo gabinete a un actor que Moncloa no puede controlar por decreto: las asociaciones profesionales de policías y guardias civiles, cuya comunicación queda al margen de la coordinación centralizada porque no dependen del Ejecutivo. Será previsiblemente esa vía, y no los canales oficiales ahora unificados, la que siga marcando buena parte de la información que trascienda sobre lo que ocurre en la frontera sur en las próximas semanas.

Queda por ver si el Congreso o las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y la Policía Nacional plantean alguna reacción formal al artículo 10 del decreto, y si el Gobierno ofrece alguna explicación pública sobre el alcance real de ese Gabinete de Coordinación Informativa más allá de lo ya recogido en el texto normativo.