Sánchez, hundido ante los registros que ha sufrido: su tiempo en el poder toca su fin
El auto del juez Pedraz vincula a Sánchez con una presunta trama de espionaje interno bajo el alias de Número Uno, mientras la imputación de la gerente de Ferraz destapa lo que Libertad Digital ya llama la versión socialista del caso Bárcenas.
La Justicia ha vuelto a golpear la sede del PSOE en Ferraz, y esta vez el impacto llega hasta el propio presidente del Gobierno. Según el análisis de Carlos Cuesta en El Programa de Cuesta, recogido por Libertad Digital, la reciente imputación de la gerente del partido, Ana María Fuentes, echa por tierra la versión oficial que Moncloa llevaba meses defendiendo sobre la pulcritud de las cuentas socialistas.
Fuentes controlaba la caja del dinero del PSOE y hasta ahora había sido presentada por el entorno de Sánchez como una gestora escrupulosa. Su imputación, según ese mismo análisis, coloca al partido ante lo que ya se describe como su propia versión del caso Bárcenas, con una responsable financiera bajo sospecha judicial directa.
La versión de Moncloa
El origen de la última crisis se remonta a la entrada de la UCO en la sede de Ferraz, un episodio que Sánchez intentó rebajar en una comparecencia pública asegurando que se trató de un simple requerimiento de información y no de un registro policial en toda regla. Esa explicación, sin embargo, no se sostiene según el propio procedimiento judicial que la Guardia Civil ejecutó aquel día.
Carlos Cuesta explica que la fórmula empleada por los agentes es un mecanismo habitual en las actuaciones judiciales: se presenta una orden de entrada y registro que, si la institución requerida colabora, se resuelve como una simple petición de documentación, pero que está lista para ejecutarse de forma inmediata en caso de negativa. Presentar ese trámite como algo distinto de un registro, señala el análisis, roza el cinismo.
El intento del presidente del Ejecutivo de maquillar la gravedad de la situación roza el cinismo más absoluto
El alias Número Uno
El foco se traslada ahora al auto del juez Pedraz, que según ha trascendido detalla la existencia de una organización interna dentro del PSOE dedicada a tareas de vigilancia y presión sobre quienes investigaban la corrupción del partido. En ese documento, Pedro Sánchez aparece citado en más de diez ocasiones bajo el alias de Número Uno, de acuerdo con la reconstrucción que hace Libertad Digital de la resolución judicial.
Las pesquisas apuntan a que las directrices para articular esa estructura partieron de la cúpula del poder político, y que su objetivo prioritario era neutralizar a los profesionales que seguían el rastro de la corrupción socialista. Entre los señalados figuran agentes de la UCO, fiscales anticorrupción como Alejandro Luzón y Grinda, y periodistas críticos con el Gobierno, según recoge el análisis del auto.
La caja B y los 188.000 euros
Para sufragar esa actividad, la trama habría desviado presuntamente 188.000 euros de las cuentas del partido mediante facturas falsas, lo que apunta a una contabilidad paralela empleada para financiar campañas de desprestigio y acoso contra jueces y fiscales. Este extremo, de confirmarse en el desarrollo de la instrucción, situaría al PSOE ante una de las causas más graves de las que afronta desde que Sánchez llegó a Moncloa.
Los antecedentes inmediatos ya apuntaban en esta dirección: el pasado 27 de mayo la Guardia Civil registró la sede de Ferraz por la trama Sepi, y desde entonces el cerco judicial sobre el entorno del presidente no ha dejado de estrecharse. Queda por ver cómo responde el PSOE a una imputación que golpea directamente a su estructura financiera, y qué recorrido tendrá en los tribunales el auto que sitúa a Sánchez en el centro de la presunta trama de espionaje interno.
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