El Tribunal de Cuentas abre diligencias para recuperar los 400.000 euros del hermano de Sánchez

El Tribunal de Cuentas ha comunicado a las partes implicadas en el caso de David Sánchez, el hermano ya condenado del presidente del Gobierno, el inminente auto de apertura de diligencias, según adelantó El Mundo. El paso activa el procedimiento que puede desembocar en la recuperación para las arcas públicas de más de 400.000 euros cobrados irregularmente por Sánchez y por su amigo Luis María Carrero a través de la Diputación de Badajoz.

Quién se opone

Según el citado diario, tanto los denunciantes como la propia Diputación de Badajoz han recibido ya la notificación del departamento segundo de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que dirige la consejera Elena Hernáez, para completar los trámites de personación antes de la apertura formal de diligencias. La Fiscalía del Tribunal no se ha opuesto a esta primera fase, pero sí lo ha hecho la Diputación, pese a ser la institución supuestamente perjudicada y la primera interesada en no perder fondos públicos. Su presidenta, la socialista Raquel del Puerto, no ve justificación para que el caso se active en el Tribunal de Cuentas, lo que la convierte en la única parte en contra. «Vamos a solicitar todos los informes en que se basa la Diputación para no querer recuperar el dinero», ha declarado a El Mundo el diputado provincial del PP Juan Antonio Barrios.

El PP, Vox y las asociaciones Iustitia Europa y Hazte Oír, que ya participaron como acusación en el juicio penal de Badajoz, se han personado también en el Tribunal de Cuentas. Su objetivo es que, tras las condenas por prevaricación dictadas por la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado julio, la Diputación recupere finalmente el dinero pagado a Sánchez y a Carrero. La Audiencia se declaró entonces incompetente para depurar la responsabilidad civil, pero ya apuntó en su sentencia que el Tribunal de Cuentas podría hacerlo.

La sentencia penal de la Audiencia Provincial facilita probar la malversación en el Tribunal de Cuentas

Qué puede pasar ahora

El procedimiento abierto por el órgano fiscalizador implica el nombramiento de un delegado instructor que investigará el caso para determinar si existe responsabilidad contable. De confirmarse, se abriría un enjuiciamiento que podría desembocar en el embargo preventivo de bienes a los responsables y, si son declarados culpables, forzarles a devolver el dinero, con independencia de la postura de la Diputación de Badajoz. El caso recae en Hernáez, consejera nombrada en su día a propuesta del PP, aunque la presidenta del Tribunal es Enriqueta Chicano, impulsada por el PSOE. Hernáez ha instruido ya casos polémicos, como el de los dirigentes independentistas finalmente absueltos por la Ley de Amnistía.

La admisión a trámite y el auto de apertura de diligencias indican, según El Mundo, que los técnicos del Tribunal de Cuentas ven recorrido preliminar al caso. La Audiencia Provincial de Badajoz ya sentenció que la contratación de ambos fue irregular y se realizó al margen de la ley, por lo que, en teoría, ninguno de los dos debió percibir salarios públicos.

Las cifras

David Sánchez llegó a recibir 340.572,36 euros entre el 10 de julio de 2017 y el 4 de mayo de 2025, según los datos oficiales recogidos por el diario. Luis María Carrero cobró 86.988,76 euros en el mismo periodo. El esfuerzo de los denunciantes se dirige, por tanto, a lograr la devolución de un mínimo de 427.561,12 euros más intereses. Un comunicado de Iustitia Europa matiza además que esa cifra no incluye todavía las cotizaciones sociales asumidas por la Diputación, indemnizaciones, dietas y desplazamientos, ni los costes de que otros empleados públicos tuvieran que asumir las funciones de los puestos investigados.

La sentencia de la Audiencia Provincial, que facilita la instrucción del Tribunal de Cuentas, consideró acreditado que los condenados «estaban concertados para la creación de una plaza de empleo público, innecesaria y vacía de contenido esencial», destinada a David Sánchez, y de otra «igualmente vacua» reservada a Carrero. Los jueces concluyeron que el entonces presidente de la Diputación, el exlíder socialista Miguel Ángel Gallardo, y otros subordinados «fingieron un proceso de selección y valoración de méritos sustancialmente inexistente» para dar cobertura administrativa a ambos nombramientos.

Lo que queda por ver

Todos los condenados han recurrido el fallo judicial. David Sánchez está inhabilitado para ocupar cargos públicos durante nueve años como cooperador necesario de la prevaricación administrativa. Si el Tribunal de Cuentas confirma indicios de responsabilidad, deberá decidir además quiénes son los llamados cuentadantes, es decir, a quién se embargan los bienes; existen precedentes para incluir en ese grupo tanto a quienes autorizaron los pagos irregulares como a los propios beneficiarios. Un eventual embargo complicaría aún más la situación de David Sánchez, a quien el presidente del Gobierno volvió a defender el pasado jueves en el programa de TVE La Revuelta: «Se han traspasado líneas rojas. Es injusto», dijo.