La UCO pide al juez Pedraz acceder a los teléfonos del exjefe de Gabinete de Sánchez y de la gerente del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz autorización para analizar los teléfonos móviles de Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete del presidente Pedro Sánchez y expresidente de Correos, así como los de varias trabajadoras del PSOE, entre ellas la gerente del partido, Ana María Fuentes, según ha informado Europa Press tras acceder al informe remitido al magistrado.

En concreto, la UCO pide «el acceso, clonado, volcado, visionado y estudio» de los dispositivos de cinco personas vinculadas a la investigación. Además de Serrano y Fuentes, figuran en la lista Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, ambas trabajadoras del PSOE, y el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, que estuvo destinado en la propia UCO hasta 2022 y también se encuentra imputado en la causa.

Los investigadores justifican la petición alegando que en esos teléfonos «podría encontrarse información sobre los hechos» y que los dispositivos son de «especial trascendencia para el esclarecimiento» de la causa. Según el informe, existen evidencias de que los cinco «habrían mantenido interacciones o comunicaciones con otras de las personas investigadas».

La causa que instruye Pedraz tiene un doble objeto. Por un lado, investiga supuestos amaños en la adjudicación de contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Por otro, indaga en una presunta trama organizada para desbaratar procesos judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, atribuida al exdirigente socialista Santos Cerdán y supuestamente coordinada por la exmilitante Leire Díez.

Juan Manuel Serrano ocupó la jefatura de Gabinete de Sánchez entre 2014 y 2018, durante los años en que este alcanzó y después perdió la Secretaría General del PSOE. Posteriormente, según recoge The Objective, presidió Correos desde 2018 hasta 2023. Su paso por ambos cargos lo sitúa en una posición central del organigrama socialista durante un periodo que ahora la UCO quiere rastrear a través de sus comunicaciones.

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, está imputada en la misma causa. Su posición al frente de la gestión administrativa del partido la convierte, a ojos de los investigadores, en una pieza relevante para entender los flujos de decisiones y contactos internos que podrían estar relacionados con las irregularidades que se investigan.

El caso del capitán Sánchez Yepes añade una arista especialmente delicada. Que un miembro de la Guardia Civil que estuvo destinado en la UCO aparezca entre los investigados plantea interrogantes sobre posibles filtraciones o interferencias desde dentro del propio cuerpo encargado de la investigación.

Esta petición se suma a otras diligencias reveladas en las últimas horas. Según The Objective, la UCO también ha detectado que un despacho de abogados habría redactado los pliegos de un concurso de Correos que posteriormente ganó, y ha desvelado que Serrano habría facilitado la entrada de Leire Díez en la empresa pública. Ambos hallazgos refuerzan la hipótesis de una red de favores que la Guardia Civil intenta cartografiar.

La decisión sobre la autorización corresponde ahora al juez Pedraz. Si accede a la petición, el volcado de los terminales podría arrojar luz sobre el alcance real de las comunicaciones entre los investigados y confirmar o descartar la existencia de una coordinación organizada para interferir en procesos judiciales.

Queda por ver si los afectados recurren la medida alegando protección de sus comunicaciones y si el análisis de los dispositivos aporta pruebas suficientes para sostener la acusación o, por el contrario, diluye las sospechas. En cualquier caso, la causa sigue ganando ramificaciones y el cerco judicial sobre el entorno de Sánchez se estrecha con cada nuevo informe de la UCO.