El golpe a los Trinitarios en Cataluña destapa una red de armas dirigida desde la cárcel

El pasado 2 de diciembre, los Mossos d'Esquadra y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional detuvieron en Salou, Tarragona, al responsable de los Trinitarios a nivel europeo, Joel Alexander M., alias 'Booking', y a su lugarteniente, Walter Yasmani F., conocido como 'Pukita'. En los registros a los miembros de la banda se incautaron cinco armas de fuego. Su rastreo, según ha informado ABC, ha permitido a ambos cuerpos policiales desmantelar toda la red que se las había suministrado, dirigida desde prisión por Daniel Doya, un hombre de 37 años condenado en 2012 a 19 años y medio de cárcel por matar a tiros a su pareja, embarazada de ocho meses.

El negocio desde la celda

Doya cumple condena en el centro penitenciario de Quatre Camins. Allí, pese a no estar permitido, contaba con varios teléfonos móviles para negociar directamente con los compradores, según la reconstrucción policial recogida por ABC. Cerrado el trato, era su actual pareja quien trasladaba las armas en el coche familiar, un Porsche Cayenne, y las entregaba a plena luz del día en aparcamientos de supermercados o centros comerciales. Su hija mayor, de 20 años, se encargaba de la parte comercial: grababa vídeos de las pistolas y escopetas que el padre reenviaba por WhatsApp, Telegram o Signal a los interesados, integrantes de grupos de crimen organizado dedicados, entre otras cosas, al cultivo de marihuana.

«Tenía una capacidad total para comunicarse con el exterior, gestionaba la compraventa de forma personal, no delegaba en nadie», ha explicado a ABC el sargento de la División de Investigación Criminal al frente de las pesquisas. Trabajaban bajo demanda, como intermediarios: el comprador pedía un modelo concreto y la red se encargaba de conseguirlo, con hasta cuatro o cinco personas cobrando comisión en cada operación. El precio final era alto, de 4.000 euros por un arma corta y hasta 8.000 por una larga, como una escopeta.

«Tenía una capacidad total para comunicarse con el exterior, gestionaba la compraventa de forma personal, no delegaba en nadie»

Un arsenal familiar

La familia al completo, pareja e hijos, dos de ellos aún en edad escolar, se encargaba de almacenar armas y munición en el domicilio, en Pla del Penedès, y llegaban a viajar en el mismo coche que después se usaba para entregar el material. La operación, bautizada Seven, se cerró el pasado 7 de julio con la localización de dos depósitos: en el vehículo aparcado frente a la vivienda, envueltas en mantas, aparecieron 38 imitaciones de la marca Glock que, pese a ser réplicas, «tenían capacidad de matar», según el sargento. Junto a ellas, una granada de mano inerte y un lanzacohetes antitanque sin carga explosiva. En la casa, los agentes hallaron además unos mil cartuchos de munición y un escudo balístico.

El origen de las armas incautadas no se ha podido determinar porque tenían borrado el número de serie, lo que impide su trazabilidad, aunque los investigadores sí han confirmado que algunas procedían de robos en otros países tras contactar con los propios fabricantes. Las pesquisas también han destapado un mecanismo paralelo: terceros con licencia de armas que denunciaban falsos robos para colar sus propias piezas en el mercado negro. «Lo que en una armería puede costar 800 euros, lo pueden vender por 3.000», ha detallado el investigador a ABC.

Clientes en varias comunidades

La red no vendía a coleccionistas, sino a organizaciones criminales, y no solo en Cataluña. Según la información policial, sus compradores operaban también en Valencia, Madrid, Granada y Francia, por lo que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación en otros puntos de España. El catálogo incluía fusiles de asalto, desde AK-47 hasta AR-15, además de munición para abastecer plantaciones de marihuana y, en algunos casos, narcoasaltos entre bandas rivales.

Doya ya había pasado por los tribunales antes de este caso. En 2012, la Audiencia de Barcelona lo condenó por matar de un disparo en la cabeza a su pareja, Nadia, de 22 años, embarazada de ocho meses, en el ascensor del edificio donde vivían, en Barcelona, la madrugada del 25 de agosto de 2009. En aquel ascensor iba también su hija mayor, entonces de 3 años y hoy detenida por el tráfico de armas. El bebé murió horas después pese a que los servicios de emergencia lograron estabilizarlo. Doya alegó en el juicio que el disparo fue accidental, pero la sentencia consideró probado que se trató de un asesinato y lo condenó también por un delito de aborto y tenencia ilícita de armas, tras hallar entonces en su domicilio pistolas, armas de fogueo y munición.

Queda por determinar cómo lograba Doya hacerse con teléfonos móviles nuevos cada vez que se los requisaban en prisión. La Policía investiga ahora si era su propia familia quien se los introducía durante los vis a vis o si contaba con la connivencia de algún funcionario de la prisión. «Aún no tenemos constancia», ha reconocido el sargento a ABC, que da por hecho que el caso Seven seguirá abriendo ramificaciones en los próximos meses.