La Audiencia Nacional sienta en el banquillo al BBVA y a Francisco González por los encargos a Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas, entre las que figuran exdirectivos de la entidad y mandos policiales, por una serie de encargos presuntamente ilegales realizados al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. Según informa ABC, se trata de la pieza número 9 del macrocaso que lleva años sacudiendo los tribunales españoles.

En su resolución, el magistrado acuerda sentar en el banquillo a todos los acusados por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. En el caso concreto de González y otros exdirectivos del banco, el juez aprecia también la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, administración desleal y falsedad documental, lo que agrava notablemente su situación procesal.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene una petición de 173 años de prisión para el expresidente de la entidad. Aunque la cifra resulta llamativa, responde a la acumulación de los distintos tipos penales que se le imputan y al largo periodo durante el que, según la acusación, se habrían producido los encargos al comisario.

El auto fija en 1.173.333 euros la cantidad que los acusados deben depositar para asegurar las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento. Quienes no constituyan esa fianza en un plazo de tres días se exponen al embargo de sus bienes. A partir de este jueves, las defensas disponen de diez días para presentar sus escritos y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.

La instrucción de esta pieza se prolongó durante años. Fue en junio de 2024 cuando el entonces juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo, entre otros, en un extenso auto de 268 páginas con el que puso fin a la fase de investigación. Desde entonces, el procedimiento ha seguido su curso hasta la apertura de juicio oral dictada ahora por el juez Piña.

El caso gira en torno a los servicios que Villarejo habría prestado al BBVA mientras estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía. Según la investigación, el comisario realizó labores de espionaje a otros empresarios por encargo de la cúpula del banco, valiéndose de su posición policial y de acceso a bases de datos reservadas para obtener información que luego trasladaba a la entidad.

El BBVA reconoció en su día la existencia de una relación contractual con el grupo empresarial de Villarejo, aunque siempre ha defendido que los servicios contratados eran legales y que la dirección del banco desconocía las actividades ilícitas del comisario. Francisco González, por su parte, ha negado reiteradamente haber ordenado o conocido espionaje alguno.

La apertura de juicio oral supone un paso decisivo en un procedimiento que ha marcado la reciente historia judicial española. El caso Villarejo, con más de 30 piezas separadas, ha salpicado a figuras del mundo empresarial, policial y político, y ha puesto sobre la mesa el uso de medios policiales al servicio de intereses privados.

Para el BBVA, que figura como persona jurídica acusada, el juicio supone un riesgo reputacional considerable. La entidad cotiza en el Ibex 35 y cualquier condena podría acarrear consecuencias más allá de lo estrictamente penal, tanto en el ámbito regulatorio como en la confianza de inversores y clientes.

Queda por ver cómo plantean su estrategia las defensas en el plazo concedido y, sobre todo, cuándo se señalará la vista oral. Dada la complejidad del procedimiento, con 16 acusados, múltiples delitos y un volumen documental ingente, el juicio se prevé largo. Lo que ya no admite demora es la respuesta de los tribunales a una de las tramas más enrevesadas de la España reciente.