Quién es José Manuel Villarejo y la telaraña de sus cloacas

José Manuel Villarejo Pérez nació en El Carpio, en la provincia de Córdoba, el 3 de agosto de 1951. Ingresó en la Policía en 1972 y sus primeros destinos lo situaron en la lucha antiterrorista, con paso por San Sebastián en los años más duros del terrorismo de ETA. Ese arranque de currículo, discreto y operativo, es la primera capa de una biografía que con el tiempo se volvió mucho más enrevesada.

La segunda capa es la del policía que nunca dejó del todo el sector privado. Durante décadas Villarejo compaginó su placa con una red de sociedades dedicadas a la investigación y la seguridad, agrupadas en torno al grupo Cenyt. Según la instrucción judicial, ese entramado le permitió vender a clientes privados servicios que a menudo se nutrían de información de origen policial, una frontera que los tribunales consideran que cruzó una y otra vez.

Con ese doble sombrero, el de comisario y el de empresario, Villarejo tejió una agenda de contactos que atravesaba la política, las finanzas, la judicatura y los medios. De ahí la etiqueta que le persigue, la de las «cloacas del Estado», una expresión que alude al uso de resortes públicos para fabricar información, presionar adversarios o proteger intereses ajenos al interés general.

El excomisario aparece, de un modo u otro, en buena parte de los grandes casos de los últimos años. La llamada operación Cataluña, los informes contra dirigentes independentistas, la operación Kitchen para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, el caso del comisionista conocido como el Pequeño Nicolás o el episodio de la excompañera del rey emérito, Corinna Larsen, comparten un mismo hilo conductor, siempre atribuido a su figura.

La clave de su método era la grabación. Villarejo acumuló durante años miles de audios y vídeos de encuentros con políticos, jueces, banqueros y periodistas, un archivo que se convirtió a la vez en su seguro de vida y en la prueba que terminó por incriminarle. Cuando la Policía registró sus propiedades halló un patrimonio y una documentación que dispararon todas las alarmas.

La caída llegó en noviembre de 2017, cuando fue detenido en el marco de la macrocausa bautizada como operación Tándem. Pasó casi cuatro años en prisión preventiva hasta que en marzo de 2021 quedó en libertad provisional, con la instrucción troceada en numerosas piezas separadas que se han ido juzgando por turnos.

La primera gran condena llegó en 2023, cuando la Audiencia Nacional le impuso diecinueve años de cárcel por tres de esas piezas, relacionadas con la revelación de secretos y la falsedad documental cometidas al servicio de clientes particulares. Otras resoluciones posteriores han sumado nuevas penas por casos concretos, mientras las piezas de mayor calado político seguían su curso.

La relevancia de Villarejo, sin embargo, va más allá de sus condenas. Su caso ha destapado la existencia de un mercado paralelo de la información, en el que empresas, cargos públicos y despachos recurrían a un policía en activo para conseguir lo que la ley les negaba. Esa es la telaraña que da sentido a piezas tan distintas como el espionaje encargado por el BBVA, que se juzga aparte.

Con más de veinte causas abiertas en distintos momentos y un archivo cuya magnitud todavía no se conoce por completo, el excomisario se ha convertido en un personaje incómodo para casi todo el mundo. Su figura resume, mejor que ninguna otra, cómo funcionaron durante años las alcantarillas del poder en España.