Cronología del caso BBVA-Villarejo: del encargo al banquillo
El banco reconoció haber contratado durante años a las empresas del excomisario. Del primer encargo en plena batalla accionarial a la apertura de juicio, esta es la línea del tiempo de una causa que ha tardado casi una década en madurar.
La historia arranca a mediados de la década de 2000, cuando el BBVA presidido por Francisco González se convirtió, según la investigación judicial, en uno de los principales clientes del grupo Cenyt, el entramado de sociedades del excomisario José Manuel Villarejo. Los primeros encargos se sitúan en 2004, en un momento en el que el banco se sentía amenazado por movimientos accionariales de terceros interesados en tomar posiciones en la entidad.
La instrucción calcula que el banco pagó a las empresas de Villarejo cantidades muy elevadas a cambio de labores de investigación. Solo en 2005, según las cifras que maneja la causa, los abonos habrían rondado el millón de euros, un volumen que convirtió al BBVA en cliente preferente del excomisario durante años.
El objeto de aquellos encargos, siempre según la acusación, fue mucho más allá de la inteligencia empresarial legítima. La Fiscalía sostiene que el banco encomendó espiar a políticos, periodistas, empresarios y rivales, además de obtener datos reservados sobre deudores y adversarios, sirviéndose para ello de fuentes de origen policial a las que Villarejo tenía acceso.
La relación se habría prolongado, con distinta intensidad, entre 2004 y 2016, un periodo que coincide en gran parte con la larga presidencia de Francisco González al frente de la entidad, entre 2000 y 2018. Durante todos esos años el vínculo permaneció oculto y no salió a la luz hasta que estalló el caso Villarejo.
El punto de inflexión llegó en 2019. Aquel verano, la Audiencia Nacional abrió una pieza separada dentro de la macrocausa Tándem centrada en exclusiva en la relación entre el BBVA y el excomisario. El propio banco encargó una investigación forense interna y acabó reconociendo que había contratado servicios de Cenyt, lo que precipitó la salida de directivos y una crisis reputacional de primer orden.
La instrucción se alargó durante años, con imputaciones sucesivas que alcanzaron al propio Francisco González, a antiguos responsables de seguridad del banco y a la entidad como persona jurídica. La complejidad de las cuentas, los pagos y los informes obligó a la Audiencia Nacional a un trabajo minucioso antes de decidir si el asunto llegaba o no a juicio.
Ese paso se dio en julio de 2026, cuando el juzgado instructor acordó la apertura de juicio oral contra el BBVA, contra su expresidente y contra más de una decena de personas. La resolución les atribuye, entre otros, presuntos delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos, en una de las causas de corrupción empresarial de mayor calado de la historia reciente.
Las peticiones de pena que maneja la Fiscalía Anticorrupción son extraordinariamente elevadas. Para Francisco González se reclamarían más de ciento setenta años de cárcel por la acumulación de delitos, mientras que para el banco se solicitaría una multa millonaria como responsable penal. Conviene recordar que todas las personas acusadas mantienen intacta la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
A partir de aquí, la pelota pasa al tribunal que debe celebrar la vista. El caso BBVA-Villarejo se convierte así en la prueba de fuego para determinar si una gran corporación española y su antiguo primer ejecutivo se sentaron a comprar, con dinero de la entidad, los servicios de las cloacas.
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