Los "muertos de Sánchez": la cuenta que una columna de Libertad Digital hace al Gobierno

La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que se convirtió en símbolo de las protestas contra los lanzamientos, ha abierto esta semana una discusión que va mucho más allá de un caso concreto. Emilio Campmany firma en Libertad Digital una columna titulada "Los muertos de Sánchez" en la que, partiendo del desahucio de Maricarmen, traza una lista de fallecimientos que, a su juicio, se pueden atribuir a decisiones u omisiones del Gobierno durante esta legislatura. Conviene separar lo que la columna documenta de lo que plantea como sospecha, porque no todo pesa igual.

Sobre Maricarmen, el propio Campmany admite que no está claro qué fue decisivo en su muerte, si el desahucio en sí o la presión mediática que generó su caso, y traslada parte de la responsabilidad a quienes, según él, utilizaron a la mujer con fines políticos. Es el punto de partida más débil de todo el argumento, y el columnista lo señala como tal antes de pasar a los casos que, sostiene, están mejor fundamentados.

El barranco que no se desembalsó

El primero es la DANA de Valencia de octubre de 2024. Campmany cifra en 192 los muertos vinculados al barranco del Poyo y atribuye la tragedia a la falta de obras de acondicionamiento, una decisión que enmarca en la política medioambiental del Ejecutivo y señala directamente a la entonces vicepresidenta Teresa Ribera, responsable del área de Transición Ecológica, por no haber financiado las infraestructuras que, a su entender, habrían contenido la riada. Es la causa judicial y política que más ha desgastado al Gobierno desde la catástrofe, y sigue con instrucción abierta en los tribunales valencianos.

Fue una decisión consciente fruto de la ideología medioambiental que ha guiado las políticas de este Gobierno

Un descarrilamiento y una guerra sin cuartel

El segundo caso es el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, con 46 víctimas según la cuenta del columnista, que lo achaca a la falta de mantenimiento de la red y señala al ministro de Transportes, Óscar Puente, por recortes presupuestarios que, sostiene, se habrían destinado a otras partidas. Campmany reconoce que la coincidencia de dos trenes en el mismo punto fue fruto del azar, pero insiste en que el deterioro de las vías llevaba tiempo produciendo descarrilamientos menores antes del siniestro grave.

El tercer bloque son los cuatro guardias civiles muertos en la lucha contra el narcotráfico desde la llegada de Sánchez a Moncloa, que el autor atribuye a recortes de medios ordenados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Aquí la columna da un paso más arriesgado: desliza, sin aportar prueba documental, la sospecha de que el Gobierno estaría facilitando a Mohamed VI su negocio de tráfico de hachís hacia Europa como parte de la relación bilateral con Marruecos. El propio texto lo describe como una "vehemente sospecha", no como un hecho acreditado, y es el punto donde la acusación se vuelve más grave y menos sostenida.

Las víctimas del Estrecho

El último caso que suma Campmany son los 141 migrantes muertos por ahogamiento frente a las costas de Ceuta, que atribuye a la falta de medios para frenar los intentos de cruce y enmarca en lo que describe como una tolerancia del Gobierno hacia la política migratoria de Rabat. También aquí recae la responsabilidad en Marlaska, aunque el columnista subraya que la cadena de mando sitúa a Sánchez como último responsable político de la gestión fronteriza.

La columna no aporta sentencias, informes periciales ni investigaciones oficiales que establezcan una relación causal directa entre decisiones concretas de los ministros señalados y cada una de esas muertes, salvo en el caso de la DANA, donde sí hay una instrucción judicial en curso sobre la gestión de la alerta. El resto de episodios mezcla hechos verificados, como las cifras de víctimas de cada tragedia, con una interpretación política de la responsabilidad que corresponde al terreno de la opinión, no al de la causa probada.

Lo que queda por ver es si la instrucción judicial de la DANA termina depurando responsabilidades penales más allá de las políticas, y si el argumento que plantea Campmany, convertir varias tragedias dispares en una única cuenta de víctimas atribuidas al sanchismo, cala en la opinión pública o se queda en munición de columna para un ciclo electoral que ya se adivina muy encendido.