Un excomisario de Inmigración alerta: la regularización masiva podría alcanzar los seis millones de personas

El excomisario jefe de Inmigración de la Policía Nacional, Luis Mayandía, ha cifrado en seis millones el número de personas que podrían acabar regularizadas en España como consecuencia del proceso impulsado por el Gobierno. Una cifra que, según explicó en el programa La Noche de Cuesta de esRadio, no responde a una exageración sino a la aritmética elemental de la reagrupación familiar.

Según Mayandía, cada persona regularizada tiene derecho a traer consigo a su cónyuge, a sus padres y a los padres de su pareja, lo que arroja un mínimo de cinco personas por cada expediente aprobado, sin contar a los hijos. «Son familiares de primer grado. El cónyuge, los padres de uno y los padres de otro serían cinco. Puede haber hijos, en cuyo caso serían más», detalló el excomisario en la entrevista recogida por Libertad Digital.

La advertencia llega en un momento en que los sindicatos policiales llevan semanas denunciando el desbordamiento de las comisarías encargadas de tramitar las solicitudes. Según informaciones de Jupol publicadas a mediados de junio, las regularizaciones tramitadas ya superaban el millón de expedientes, con agentes «desbordados» por la carga de trabajo que genera el proceso.

Uno de los puntos más polémicos señalados por Mayandía es la situación de los presos preventivos. Según sus datos, 3.482 internos en prisión preventiva, pendientes de juicio por delitos graves, han solicitado acogerse a la regularización. Al no tener condena firme, carecen técnicamente de antecedentes penales y, con los criterios actuales, podrían obtenerla. «A esos, en aplicación de la ley, lo que hay que hacer es expulsarles y repatriarles a su país», afirmó.

El excomisario puso también el foco en el problema de la documentación fraudulenta. Relató operaciones en las que ciudadanos utilizaban pasaportes auténticos con datos de terceras personas, adquiridos en zonas remotas de países como Colombia, donde los registros civiles resultan difícilmente verificables. «Un documento real con datos falsos puede utilizarse para entrar en España y desplazarse por todo el territorio Schengen», advirtió.

La imposibilidad práctica de comprobar los vínculos familiares alegados en las solicitudes de reagrupación agrava el problema, según Mayandía. En muchos casos, los documentos proceden de registros civiles inexistentes o de países donde la falsificación es habitual, lo que convierte la verificación en una tarea casi imposible para las fuerzas de seguridad españolas.

Mayandía fue tajante, no obstante, al rechazar cualquier generalización sobre la población inmigrante. «La mayoría viene a buscarse la vida y probablemente si cualquiera de nosotros estuviera en esa situación haría lo mismo o más», señaló. Sin embargo, recordó que el 30% de la población reclusa en España es extranjera, porcentaje que en Cataluña sube hasta casi el 50%, y que una regularización sin filtros adecuados podría agravar esa proporción.

A juicio del excomisario, unos criterios más exigentes no habrían perjudicado a quienes vienen a trabajar, sino que simplemente habrían filtrado a quienes no deberían regularizarse. Es la diferencia entre un proceso ordenado y uno que, según sus palabras, se ha ejecutado de forma «precipitada».

«Las principales víctimas serán los propios ciudadanos extranjeros honrados y trabajadores, que van a sufrir las consecuencias de esta precipitada regularización», concluyó Mayandía. Una advertencia que señala directamente a la falta de criba como el principal riesgo del proceso, no la regularización en sí misma.

El debate queda abierto mientras el Gobierno mantiene los criterios actuales y la oposición exige endurecer los requisitos. Las cifras finales del proceso, y sobre todo el impacto real de la reagrupación familiar en los próximos años, determinarán si las advertencias del excomisario se quedan en una proyección o se convierten en realidad.