La Fiscalía Togada ve motivos para investigar al número dos del DAO por coacciones y abuso de poder

Hay conversaciones que se archivan y hay conversaciones que acaban en un pendrive entregado en un juzgado militar. La Fiscalía Togada del Tribunal Supremo ha apreciado que existe «una entidad suficiente y una relevancia bastante» para justificar la apertura de un procedimiento penal contra el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, jefe del Mando de Operaciones (MOPS) de la Guardia Civil, según el escrito al que ha tenido acceso ABC.

El destinatario del informe es la Sala Quinta del Supremo, la de lo militar, competente porque el denunciado tiene condición de aforado y porque los hechos denunciados están tipificados en el Código Penal Militar. El fiscal togado sostiene, según el mismo diario, que las fuentes de prueba aportadas justifican abrir el procedimiento «a fin de proceder a la investigación y esclarecimiento de la naturaleza y circunstancias de los hechos».

Qué dice la denuncia

Quien denuncia es el general de división Fernando Mora Moret, hasta hace poco jefe de la 1ª Zona de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid y en situación de reserva desde marzo de 2026. Presentó el escrito el pasado 22 de junio ante el Juzgado Togado Central Militar y atribuye a su superior tres posibles delitos del Código Penal Militar: abuso de autoridad (artículo 45), trato degradante y humillante (artículo 47) y amenazas, coacciones, injurias y calumnias (artículo 48), según ABC.

El origen de todo está en los actos del Dos de Mayo de 2025 en Madrid, a los que Mora estaba invitado como máximo representante institucional del cuerpo en la comunidad. La víspera, el 30 de abril, su superior le escribió por WhatsApp para apartarlo del acto: «Representación institucional el Jefe de la Comandancia y el Comisario provincial. Jefe Superior y tú libráis». Mora replicó que estaban invitados y recibió una orden seca: «Pues excúsate». El general se negó: «Yo sin motivo no me excuso, es mi obligación asistir», según los mensajes publicados por ese periódico.

La pieza central del caso llegó poco después. Entre las 12.01 y las 12.23 de aquella mañana se produjo una llamada telefónica que el denunciante decidió grabar por el «cariz que estaban tomando los acontecimientos», según recoge su escrito. En esa conversación, publicada en exclusiva por ABC, el teniente general emplea contra su subordinado expresiones como «me cago en tu puta madre», «vete a la puta mierda» o «no te meto dos hostias porque no te tengo delante». La defensa del denunciante las califica de «insultos de enorme gravedad» y también de «amenaza física».

Le están pegando una patada a la presidenta de la Comunidad en mi culo. Eso es lo que no quiero consentir

En la misma llamada, según la transcripción publicada, Mora pregunta a su superior por el motivo de la decisión y apunta directamente a su lectura política: «¿Por una valoración política? Lo está haciendo como un gesto, es un gesto de desprecio a la Comunidad de Madrid, a la presidente de la Comunidad de Madrid. Le están pegando una patada a la presidenta de la Comunidad en mi culo. Eso es lo que no quiero consentir». El denunciante enmarca la orden en una instrucción de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, según el escrito al que accedió ABC.

La orden que se levantó

La denuncia subraya un detalle que considera especialmente grave: no solo se le ordenó no acudir, sino tampoco excusarse ante la autoridad que invitaba, sin «razón ni motivo». Horas después, sin embargo, el teniente general rectificó tras despachar con la directora general y envió un mensaje levantando la instrucción inicial: «Autorizada asistencia, Fernando». Ese giro es, para la defensa, la prueba de que la orden nunca tuvo cobertura reglamentaria.

El escrito insiste también en el tono. Al tratarse del superior directo y de una conversación estrictamente profesional, la defensa entiende que el trato degradante reviste mayor gravedad, y sitúa la coacción en la amenaza velada sobre el cese: «Atente a las consecuencias». En la grabación, según ABC, el mando invita en varias ocasiones a su subordinado a marcharse («coges y te vas a tu casa») y le confiesa que su relevo había sido barajado por la propia directora general meses antes.

El contexto que lo desencadena

Los hechos ocurrieron en abril de 2025, pero la denuncia no se presentó hasta junio de 2026. Según relata el propio denunciante a ese diario, tras un año de reflexión decidió dar el paso al constatar que la «instrumentalización política» en la cúpula del cuerpo había escalado, con la apertura de expedientes a agentes que investigaban casos de corrupción próximos al Gobierno y con las indicaciones del director adjunto operativo, Manuel Llamas, a mandos de la UCO para que no fueran «proactivos» en las pesquisas sobre el hermano del presidente del Gobierno.

Conviene subrayar qué es y qué no es este trámite. La Fiscalía no acusa ni prejuzga: hace una «inicial y preliminar valoración» y pide a la Sala que se declare competente, admita la denuncia y preserve las fuentes de prueba. Nada está probado y el denunciado no ha respondido públicamente a las imputaciones, según la información disponible. Fuentes judiciales consultadas por ABC auguran que la Sala asumirá el criterio del fiscal por la «enorme gravedad» de los hechos, aunque advierten de que la jurisdicción militar maneja «otros tiempos» distintos a los de la justicia ordinaria.

Queda por ver, por tanto, lo esencial: si la Sala Quinta admite a trámite y abre diligencias, si la grabación se incorpora como prueba válida y hasta dónde llega la instrucción en una cadena de mando que el denunciante señala hacia arriba. Un tribunal, y no una filtración, es quien debe responder ahora. Que un general de división tenga que grabar a su superior para poder acreditar lo ocurrido dice, mientras tanto, bastante del clima interno de la Benemérita.