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Política

Mercedes González se presenta ante el juez como «víctima de Cerdán» y admite dos reuniones con la fontanera del PSOE

La directora de la Guardia Civil ha declarado casi dos horas como investigada en el caso Leire y ha negado cualquier interferencia en las investigaciones de la UCO.

Mercedes González se presenta ante el juez como «víctima de Cerdán» y admite dos reuniones con la fontanera del PSOE
Imagen: ABC

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha comparecido este viernes ante el juez instructor del caso Leire en calidad de investigada. Según fuentes jurídicas consultadas por ABC, González ha asegurado que figura en el «listado de víctimas de Santos Cerdán», el exsecretario de Organización del PSOE al que el magistrado señala como presunto líder de las cloacas socialistas. Una declaración que se ha prolongado casi dos horas y que ha dejado varios titulares de calado.

Dos reuniones, no tres

González ha confirmado que se reunió con Leire Díez, la presunta fontanera del partido, en dos ocasiones, aunque ha insistido en que jamás lo habría hecho de saber que actuaba como enviada de Cerdán. Según su versión, Díez se presentó como periodista freelance y en el primer encuentro se limitó a felicitarla por su llegada a la dirección del Instituto Armado. En la segunda cita, la exmilitante socialista le habría planteado el caso del comandante Rubén Villalba, investigado en la causa Koldo, momento en el que González dice haber cortado la conversación y dado por concluida la reunión.

La Unidad Central Operativa (UCO), sin embargo, cifra en tres las reuniones presenciales entre ambas, celebradas los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025. González ha negado ese tercer encuentro alegando que no consta en su agenda.

«Nunca, jamás he interferido en ninguna investigación de la UCO ni he presionado a ningún agente»

Los mensajes borrados

La directora de la Benemérita ha reconocido que intercambió varios mensajes de WhatsApp con Díez y ha sido preguntada por la activación del borrado automático en esa conversación. Su justificación: se trata de una opción que tiene habilitada con «muchas otras personas». También ha afirmado que nadie dentro del cuerpo le preguntó si conocía a la fontanera, algo que ella consideró innecesario dado que Díez ya había aparecido en los medios de comunicación.

Uno de los momentos más tensos de la declaración ha girado en torno a la presunta llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interesándose por la inclusión de la cuenta de correo de Begoña Gómez en la causa de David Sánchez. Según González, la llamada le pilló en un AVE. Marlaska, «muy enfadado», según las fuentes, habría contactado entonces con el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, quien le explicó que el cuerpo ya había abierto una información reservada para investigar esa filtración.

La información reservada contra la UCO

González también ha sido cuestionada por otra información reservada, esta vez abierta contra la propia UCO por supuestas filtraciones a la prensa en las que se revelaba que Llamas estaría presionando a los investigadores. Según la directora, fue el propio DAO quien redactó el documento y le pidió que lo firmase, al considerar que no sería «decoroso» que el acusado rubricase la orden.

La declaración de González se enmarca en una causa de gran envergadura en la que el juez investiga una presunta trama liderada por Cerdán y coordinada por Díez para, según la UCO, desbaratar causas judiciales que afectan a dirigentes socialistas y al Gobierno. Los investigadores sostienen que Díez, valiéndose de su relación con la directora general, habría conseguido «instigar» actuaciones administrativas contra la UCO.

El magistrado atribuye a González y a Llamas la presunta autoría de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, a petición tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de las acusaciones populares lideradas por el PP. La directora de la Guardia Civil ya defendió en mayo, ante el Senado, que nunca participó en trama alguna para anular causas judiciales. El juez tendrá ahora que valorar si su versión se sostiene frente a los informes de la UCO y al resto de las pruebas acumuladas en la instrucción.

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