Qué dicen las normas sobre el uso privado de los aviones oficiales

Los aviones oficiales españoles, los célebres Falcon, vuelven una y otra vez al debate público. Cada vez que uno de ellos aparece en un viaje discutido, surge la misma pregunta: ¿qué dicen las normas sobre su uso? La respuesta, poco conocida, es que existe una llamativa laguna legal. No hay una norma específica que regule con detalle quién puede utilizarlos, para qué y con qué controles.

Conviene empezar por lo que sí está claro: quién los opera. La flota de transporte de autoridades depende del Ejército del Aire y del Espacio, en concreto de la unidad con base en Torrejón de Ardoz (Madrid) que desde marzo de 2025 se denomina Ala 45, antes conocida como 45 Grupo. Su misión oficial es el transporte del rey, de la familia real, del presidente del Gobierno y de otros altos cargos, tanto dentro de España como en el extranjero.

Quién vuela y en qué

La flota la forman siete aparatos, según el Ejército del Aire: dos Airbus A310, designados T.22, y cinco Falcon 900B, los T.18. La unidad mantiene un servicio de alarma permanente que permite tener un Falcon en el aire rumbo a cualquier punto del planeta en un plazo de dos horas. Son medios del Estado, pagados con fondos públicos y pensados para el desempeño de funciones institucionales.

El problema aparece al buscar la norma que regule su uso. Según ha documentado Newtral, no existe ninguna disposición que establezca de forma precisa quién puede o no volar en estos aviones ni que fije límites y supervisión con transparencia. Oficialmente, su uso está reservado a la Casa Real, al presidente del Gobierno y a determinados ministros, además de acompañantes con funciones justificadas o invitados con un papel institucional claro, como dirigentes extranjeros. Pero ese reparto responde a la práctica, no a un reglamento.

El vacío normativo

Lo más parecido a una regla es el Código de Buen Gobierno de 2005, aplicable a los miembros del Ejecutivo y a los altos cargos. Su redacción es genérica: se limita a señalar que los responsables públicos «se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la Administración General del Estado pone a su disposición por razón del cargo». Qué es exactamente un «uso impropio» de un avión oficial queda al criterio de cada cual, sin una lista de supuestos ni un órgano que lo verifique.

no existe ninguna disposición que establezca de forma precisa quién puede o no volar en estos aviones

A esa vaguedad se suma un argumento de seguridad. Presidencia del Gobierno sostiene que, desde 2015, es el Departamento de Seguridad de La Moncloa el que recomienda el uso de medios aéreos para los desplazamientos del presidente. Bajo ese criterio, muchos viajes se justifican por razones de protección personal más que por comodidad, lo que difumina aún más la frontera entre lo institucional y lo personal.

La opacidad completa el cuadro. El Consejo de Transparencia ha reclamado en varias ocasiones que se hagan públicos los listados de viajes oficiales, pero el Ejecutivo, con distintos gobiernos, se ha amparado en la normativa de secretos oficiales para no divulgarlos. El resultado es que ni el coste real de cada vuelo ni la relación completa de pasajeros suelen conocerse, lo que impide un escrutinio detallado.

El fondo del debate

Esta falta de reglas no es nueva ni exclusiva de un partido. Distintos gobiernos han utilizado los Falcon durante décadas sin dotarse de un marco claro, y las peticiones de regulación formuladas por diversas formaciones no han cuajado en una norma. La ambigüedad, en la práctica, beneficia a quien gobierna, porque le deja un amplio margen de interpretación sobre qué viaje es oficial y cuál no.

El debate de fondo, más allá de cada polémica concreta, es de rendición de cuentas. Sin una norma que defina los usos permitidos, sin publicación de los viajes y sin un órgano que supervise, la distinción entre lo público y lo privado depende de la buena voluntad del cargo. Cualquier reforma seria pasaría por escribir esas reglas y por abrir a la luz una información que hoy permanece, en gran medida, reservada.