Forcejeos, acusaciones de golpe de Estado y guerra política: así se ha roto el Tribunal Constitucional de Polonia

El Tribunal Constitucional de Polonia vive sus horas más convulsas en una crisis que, según el exjuez Miroslaw Wyrzykowski, ya parece "una telenovela brasileña". El viernes pasado la nueva presidenta interina del tribunal suspendió de sus funciones al presidente y al vicepresidente del organismo, Bogdan Swieczkowski y Bartlomiej Sochanski, lo que desató una madrugada de forcejeos, un presidente que abortó un vuelo a Senegal para plantarse en el edificio a la una de la madrugada y acusaciones cruzadas de golpe de Estado, según relata El País.

Un pulso de más de una década

La crisis no nace esta semana. Polonia lleva más de 20 años gobernada en un tira y afloja entre Donald Tusk, líder del centroderecha liberal de Coalición Cívica, y Jaroslaw Kaczynski, presidente del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), según recuerda el diario. Tusk ganó las legislativas de 2023 con la promesa de restaurar el Estado de derecho tras los mandatos de PiS, pero la jefatura del Estado sigue en manos ultraconservadoras, primero con Andrzej Duda y desde junio de 2025 con Karol Nawrocki, que ha hecho un uso intensivo de su poder de veto frente al Gobierno.

El origen último de la disputa se remonta a 2015, cuando el Sejm saliente de Coalición Cívica nombró cinco jueces cuando solo podía cubrir tres vacantes, y el nuevo Parlamento de PiS respondió nombrando otros cinco. Duda se negó a tomar juramento a los tres magistrados legítimamente elegidos por KO y sí lo hizo con los cinco de PiS, lo que generó a los llamados "jueces dobles" que desde entonces lastran de ilegitimidad las decisiones del tribunal, según detalla el reportaje.

La chispa de esta semana

El detonante inmediato ha sido el bloqueo, por parte de Swieczkowski y Sochanski, a la toma de posesión de varios jueces nombrados por el Sejm entre marzo y septiembre, pese a una medida cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que obliga a Polonia a dejarles ejercer. El fiscal general Waldemar Zurek abrió una investigación penal contra ambos por incumplimiento del deber, y la jueza de mayor antigüedad, Anna Korwin-Piotrowska, asumió la presidencia interina para suspenderlos y convocar una asamblea del tribunal.

Para el exjuez Wyrzykowski, la suspensión es correcta porque los suspendidos "no tienen derecho a decidir sobre sí mismos"

La tensión escaló el viernes por la noche: ambos bandos llamaron a la policía para proteger el edificio de una protesta de políticos y simpatizantes ultraconservadores, con cuatro detenidos entre los manifestantes. Nawrocki, que viajaba hacia Senegal, anunció en X que daba media vuelta y se presentó en el tribunal pasada la una de la madrugada, donde forcejeó con varios jueces, entre ellos Korwin-Piotrowska, para entrar por la fuerza. Según Zurek, esa entrada forzada es delictiva; la jefatura del Estado sostiene, en cambio, que fueron tres jueces quienes atentaron contra la integridad física del presidente.

Golpe de Estado o defensa del Estado de derecho

El Gobierno de Tusk defiende que es la derecha dura la que asedia el tribunal y justifica por eso el despliegue policial para protegerlo. La oposición y sus simpatizantes acusan en cambio al Ejecutivo de ejecutar un golpe de Estado, un relato que, según El País, ha sido amplificado tanto por la extrema derecha europea y el entorno MAGA en Estados Unidos como por el exdirigente ruso Dmitri Medvédev.

Frente a esa lectura, los cuatro expresidentes del Constitucional han recordado que el tribunal "atraviesa una profunda crisis desde hace más de una década" que exigía actuar. El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, evitó pronunciarse sobre la suspensión de la cúpula o sobre si el presidente incumple la ley, pero sí invocó el dictamen de la Comisión de Venecia del 13 de octubre, que respalda la validez de la elección de los nuevos jueces y pide a las autoridades polacas garantizar que el tribunal funcione conforme a la Constitución.

Qué hay en juego

El control del Constitucional no es un debate solo jurídico. El tribunal ha dictado sentencias de gran calado político, como la del aborto, y es uno de los últimos bastiones de poder de PiS junto con la jefatura del Estado y parte del Supremo, según el diario. El Ejecutivo de Tusk lo considera ilegítimo por la composición defectuosa de sus jueces y, de hecho, no publica ni ejecuta sus decisiones en el boletín oficial. Con las legislativas a menos de un año, a Coalición Cívica le interesa recomponer la credibilidad del tribunal con una mayoría de jueces favorable, mientras PiS prefiere mantener el statu quo.

Tusk ha rechazado buscar una fórmula de consenso con reforma constitucional, como la mayoría reforzada de tres quintos para elegir jueces que su Gobierno propuso y que Duda bloqueó enviándola al propio Constitucional. Este lunes el primer ministro insistió en X en que la solución es "simple y posible sin cambios en la Constitución": que el presidente reconozca a los jueces elegidos por el Sejm, tal y como establece la ley fundamental, y que estos asuman sus funciones.

Queda por ver si la asamblea convocada por Korwin-Piotrowska logra retirar la inmunidad a Swieczkowski y Sochanski para que la Fiscalía pueda presentar cargos, y cómo reacciona un Nawrocki que este lunes ha convocado un Consejo de Seguridad con los partidos parlamentarios, excepto Coalición Cívica y su socio progresista. Con las elecciones legislativas en el horizonte, nada indica que el pulso por el Tribunal Constitucional vaya a resolverse pronto.