Madrid acusa a Sánchez de querer «cargarse» la acusación popular para proteger a su entorno

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha lanzado este miércoles una acusación directa contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez: quiere «cargarse» la figura de la acusación popular. Lo ha dicho así el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha cargado contra el recurso de inconstitucionalidad que prepara Moncloa contra la ley madrileña que regula esta herramienta procesal.

Según ha sostenido García Martín, Sánchez «se inventa un recurso al Tribunal Constitucional» porque «no soporta» que la Comunidad de Madrid pueda defender el patrimonio público y el interés general, según recoge The Objective. El consejero ha ido más allá al señalar que el presidente quiere «laminar» la acusación popular porque «ha afectado, y mucho, a su entorno familiar, su propio partido y a su propio Gobierno».

El recurso del Gobierno central

La ofensiva del Ejecutivo madrileño llega después de que el Gobierno de España anunciara que va a recurrir la ley de acción popular de la Comunidad de Madrid al considerar que «invade competencias exclusivas» del Estado en materia de legislación procesal. El dictamen del Consejo de Estado, según la información publicada, aprecia «motivos suficientes de inconstitucionalidad» en la norma aprobada por la Asamblea de Madrid.

La acusación popular es una institución arraigada en el ordenamiento jurídico español que permite a cualquier ciudadano o institución personarse como parte acusadora en un procedimiento penal, incluso sin ser víctima directa del delito. Está recogida en el artículo 125 de la Constitución y desarrollada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

«¿A quién le puede parecer mal que un gobierno quiera defender el orden público o el patrimonio natural e histórico que es de todos?»

Otras comunidades con normas similares

García Martín ha subrayado que la Comunidad de Madrid no es la única que tiene regulada esta posibilidad. Según ha detallado, comunidades como la Valenciana, Castilla y León, Navarra, Cataluña o Castilla-La Mancha cuentan con disposiciones similares en su propio cuerpo normativo «sin que haya despertado ningún atisbo de inconstitucionalidad». El consejero ha recordado además que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre esta cuestión en una sentencia relativa a la Comunidad Valenciana sin objetar su encaje legal.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha insistido en que Madrid ya venía ejerciendo la acusación popular sin ningún problema en ámbitos como la violencia contra la mujer y las víctimas del terrorismo. La nueva ley, según su lectura, simplemente amplía y consolida un instrumento que ya existía en la práctica.

El trasfondo político

El choque entre ambos gobiernos se enmarca en un contexto de tensión sostenida entre la Puerta del Sol y Moncloa. La acusación popular ha sido utilizada por varias comunidades del PP para personarse en causas judiciales que afectan a cargos o familiares del entorno gubernamental, lo que ha generado fricciones constantes con el Ejecutivo central. García Martín ha llegado a vincular el recurso con un intento del Gobierno de «boicotear» eventos como la Vuelta Ciclista.

La cuestión no es menor desde el punto de vista jurídico. Si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso, la ley madrileña podría quedar suspendida de forma cautelar durante meses, lo que dejaría a la Comunidad sin cobertura normativa propia para ejercer la acusación popular en nuevos procedimientos. La pelota queda ahora en el tejado del tribunal de garantías, que deberá decidir si la regulación autonómica invade o no las competencias estatales en materia procesal.