Los agujeros del escudo antifraude: por qué Bruselas duda de cómo España vigila los fondos europeos

La historia de los fondos Next Generation en España se ha contado casi siempre en clave de cifras deslumbrantes: cientos de miles de millones movilizados en toda la Unión Europea, un plan de recuperación sin precedentes desde la posguerra, la promesa de modernizar economías enteras. Lo que rara vez aparece en los titulares es la pregunta incómoda que subyace a todo ese dinero: quién vigila que no se desvíe. Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, hecho público el pasado febrero, se atreve a formularla y las respuestas que ofrece sobre el caso español distan de ser tranquilizadoras.

Según el documento del organismo fiscalizador de la UE, el marco antifraude del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia «no es plenamente eficaz y presenta insuficiencias». No es una crítica dirigida en exclusiva a España, sino al diseño europeo en su conjunto: los auditores sostienen que los requisitos fijados en la normativa son demasiado generales y no precisan con suficiente detalle el alcance mínimo de las comprobaciones que deben realizar las autoridades nacionales. Faltan, además, criterios uniformes para notificar los casos sospechosos a la Comisión, lo que deja un mapa de datos incompletos e incoherentes entre países.

El foco sobre España

El foco español aparece cuando el informe desciende al terreno concreto. De acuerdo con los auditores europeos, el organismo coordinador en España no ejercería un «control activo sobre la aplicación de las medidas antifraude» por parte de las entidades encargadas de ejecutar los proyectos. Dicho de otro modo: existe un sistema sobre el papel, pero la supervisión de que ese sistema funcione de verdad quedaría, según esta lectura, debilitada. La contratación pública, terreno especialmente sensible al amaño, sería uno de los flancos abiertos.

No es plenamente eficaz y presenta insuficiencias

El detalle que más inquieta a los técnicos es que los controles sobre esa contratación no cubrirían la totalidad de los contratos financiados con dinero europeo. El informe habla de «espacios de riesgo», una expresión pudorosa para describir zonas por las que, en teoría, un contrato irregular podría deslizarse sin activar ninguna alarma. En un contexto en el que las adjudicaciones públicas concentran buena parte de las investigaciones por corrupción abiertas en España, la advertencia adquiere un peso que va más allá de lo estrictamente contable.

Contra el reloj

A la fragilidad del control se suma la presión del calendario. El Mecanismo de Recuperación, dotado a escala europea con cientos de miles de millones de euros, funciona contra reloj: los fondos deben ejecutarse antes de que expiren los plazos comprometidos. Según las estimaciones que maneja el propio informe, España tendría por delante la tarea de gastar alrededor de 33.000 millones de euros en aproximadamente ocho meses. La combinación resulta delicada, porque la prisa por no perder dinero europeo es, precisamente, el caldo de cultivo en el que los controles suelen relajarse.

No todo son sombras en el diagnóstico. El Tribunal de Cuentas Europeo reconoce avances tras las auditorías comunitarias y destaca la existencia de herramientas específicas, como el canal de denuncias «Infofraude», gestionado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Es un reconocimiento importante: significa que la arquitectura para detectar irregularidades existe y que, en algunos aspectos, España ha mejorado a raíz de las revisiones europeas. La cuestión pendiente no sería tanto la ausencia de instrumentos como la intensidad con la que se utilizan.

Aviso, no condena

Conviene subrayar que un informe de fiscalización no es una condena ni presupone la existencia de fraude consumado. Los auditores describen deficiencias en los mecanismos de control y márgenes de riesgo, no delitos probados. Su función es preventiva: encender una luz ámbar antes de que el problema se materialice. Por eso la lectura más honesta del documento no es la del escándalo, sino la de la advertencia técnica, la de quien avisa de que una puerta está mal cerrada aunque nadie haya entrado todavía por ella.

Queda, con todo, un poso difícil de ignorar. En un país donde la palabra corrupción ha vuelto a colonizar la conversación pública y donde los juzgados acumulan causas por contratos presuntamente amañados, que el máximo órgano fiscalizador de la Unión Europea cuestione la vigilancia sobre el mayor flujo de fondos de las últimas décadas obliga a una reflexión de fondo. La recuperación económica se medirá en obras, en proyectos y en empleo. Pero también, y quizá sobre todo, en la capacidad de demostrar que cada euro llegó a donde debía llegar.