El policía «Torrente» declara ante Pedraz: Leire Díez le habría buscado para cargar contra la juez de los ERE
El juez de la Audiencia Nacional toma declaración al agente con el que la exmilitante del PSOE se reunió hasta en tres ocasiones para, según la UCO, obtener información comprometedora sobre la magistrada Mercedes Alaya.
El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cierra este viernes una semana intensa de testificales en el denominado caso Leire con la declaración de Rafael Salvador, un policía nacional al que la exmilitante del PSOE Leire Díez habría recurrido para recabar información contra la juez Mercedes Alaya, instructora del macrocaso de los ERE de Andalucía. Según informa The Objective, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identificó al agente en sus informes y señaló que dentro del cuerpo era conocido con el apodo de «Torrente».
De acuerdo con la investigación de la UCO, Díez se reunió con el policía en al menos tres ocasiones: el 13 de febrero de 2020 en Sevilla, el 14 de julio de ese mismo año en Madrid, y una tercera vez en julio de 2024 en Zaragoza. El objetivo de esos encuentros, según el informe de la Guardia Civil, era obtener información «que pudiera comprometer a la magistrada Alaya» y cuestionar así las investigaciones judiciales que esta llevaba a cabo.
Un detalle relevante es que la propia Guardia Civil halló en poder de Leire Díez grabaciones de sus conversaciones con el agente, lo que añade un elemento probatorio significativo a las pesquisas. La existencia de esas grabaciones sugiere, según las fuentes consultadas por The Objective, que Díez documentaba sistemáticamente sus gestiones.
La juez Alaya no solo instruyó el caso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Andalucía, sino también otras causas sensibles para el entorno socialista. Entre ellas figuran el caso Isofotón, relativo a ayudas públicas a una empresa malagueña, y el caso Aznalcóllar, un procedimiento sobre un supuesto amaño en la adjudicación de la explotación de una mina sevillana. En este último estuvo imputado el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, también investigado en el caso Leire, aunque resultó absuelto tras el juicio.
Según la documentación recogida por la UCO, al día siguiente de su primer encuentro con el policía, Díez envió un mensaje al propio Fernández en el que afirmaba: «Con las cosas que ya sé de Alaya, lo que menos necesito saber es de Derecho. Todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos que el tumor se extirpe». El tono del mensaje, recogido por The Objective, revela la determinación de la exmilitante para socavar la posición de la magistrada.
Antes de la segunda reunión con el agente, Díez le habría trasladado que las conversaciones mantenidas en invierno habían servido para que «desde posiciones elevadas, gente que es capaz de tomar decisiones y ejecutarlas, estén dispuestos a tomar medidas». La UCO interpreta esta comunicación como un indicio de que la información obtenida habría llegado a niveles superiores dentro de la estructura del partido o del Gobierno.
La testifical del policía se produce en una semana especialmente cargada para el caso Leire. La propia UCO desveló en las jornadas previas que el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez habría facilitado la incorporación de Leire Díez a Correos, y detectó que un despacho habría redactado unos pliegos de la empresa pública que después ganó, según informó The Objective.
También estaba previsto que este viernes declarase la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, pero su citación se aplazó al 15 de julio tras comunicarse el fallecimiento de su madre. Se trata de otra testifical relevante en una causa que investiga presuntos amaños en adjudicaciones públicas y una trama supuestamente destinada a boicotear causas judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.
Con la declaración de «Torrente», el juez Pedraz suma otra pieza a una instrucción que lleva meses ampliando su perímetro. Lo que comenzó como una investigación sobre contratos irregulares ha derivado en un caso que apunta a una red de contactos al servicio de intereses políticos, según se desprende de los sucesivos informes de la Guardia Civil.
Queda por ver qué aporta el testimonio del agente y si corrobora, matiza o contradice la versión que la UCO ha construido a partir de las grabaciones y los mensajes intervenidos. También si la declaración de Narbona la semana que viene arroja nueva luz sobre el alcance de la trama. Por ahora, el caso Leire sigue sumando nombres y ramificaciones.
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