La Fiscalía confirma que pedirá la absolución de Begoña Gómez, su asesora y Barrabés: «No hay delito»

La Fiscalía Provincial de Madrid ha oficializado ante el juez Juan Carlos Peinado su solicitud de absolución para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como para su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En su escrito de conclusiones, el Ministerio Público sostiene que «procede la libre absolución de los acusados» porque «los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal».

Según informa ABC, la posición del fiscal no es una sorpresa. Desde las fases iniciales de la causa, el Ministerio Público ha solicitado en varias ocasiones el archivo de las actuaciones y ya adelantó hace meses que reclamaría la absolución cuando llegase el momento procesal oportuno. La confirmación formal de esa petición cierra, al menos desde la perspectiva de la acusación pública, cualquier duda sobre su criterio.

El juez instructor atribuye a Gómez y a su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Todas las imputaciones están vinculadas a la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, de la que la esposa de Sánchez era codirectora.

El escrito fiscal desmonta varios de los pilares de la acusación. En primer lugar, recuerda que, conforme a la normativa universitaria, «no es preciso ostentar la condición de licenciado, diplomado, funcionario o catedrático en sentido estricto» para dirigir cátedras extraordinarias, un argumento que invalida una de las líneas de ataque contra Gómez.

Además, el Ministerio Público subraya que Begoña Gómez «no cobró cantidad alguna» por su actividad al frente de dicha cátedra, lo que debilita la tesis de que existiera un ánimo de lucro personal en su participación académica.

En cuanto a la presunta apropiación indebida del software desarrollado en el entorno universitario, el fiscal señala que «ninguno de los acusados» ha realizado «una explotación mercantil del referido programa informático, ni consta que hayan pretendido ostentar titularidad o propiedad frente a terceros». Dicho de otro modo: no habría habido disposición efectiva del bien ajeno.

Respecto a la relación entre Gómez y las adjudicaciones públicas al grupo de empresas de Barrabés, el escrito es igualmente contundente. Según el fiscal, la esposa del presidente «es ajena» a la entidad pública Red.es y al resto de organismos que otorgaron esos contratos, y no consta la existencia de «lazos personales, familiares, de amistad o cualquier relación» entre ella y los responsables de dichas adjudicaciones.

Conviene recordar que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, conocido a finales de junio, recogía indicios de maniobras internas en Red.es para favorecer a Barrabés. Uno de los correos incorporados al sumario incluía la frase «no sé hasta qué punto eso es legal», según publicó ABC. Sin embargo, la Fiscalía considera que esos elementos no alcanzan el umbral necesario para sostener una condena.

La causa contra la esposa del presidente ha sido uno de los asuntos judiciales más mediáticos de los últimos años en España y ha generado un intenso debate político. El Gobierno ha defendido en todo momento la inocencia de Gómez, mientras que la oposición ha utilizado el caso para cuestionar la ejemplaridad de La Moncloa. Sánchez llegó a tomarse cinco días de reflexión en 2024 tras la admisión a trámite de la querella.

Con la petición de absolución ya formalizada, la atención se desplaza ahora hacia las acusaciones particulares y la acusación popular, que deberán presentar sus propios escritos de conclusiones. El juez Peinado decidirá en las próximas semanas si abre juicio oral o si, por el contrario, acuerda el sobreseimiento, una posibilidad que cobra fuerza tras la postura del fiscal.

Queda por ver si las partes acusadoras logran articular una acusación lo bastante sólida como para sostener el juicio sin el respaldo del Ministerio Público. Lo que parece claro, al menos desde la óptica de la Fiscalía, es que en esta causa no hay delito que perseguir.