Qué es el 2% de la OTAN y cómo se calcula el gasto militar

Cada vez que la OTAN celebra una cumbre, un número domina los titulares: el 2% del PIB destinado a defensa. Suena a cifra técnica, pero encierra un compromiso político con una historia concreta. El objetivo se acordó en la Cumbre de Gales de 2014, cuando los aliados, alarmados por la anexión rusa de Crimea, se comprometieron a elevar de forma progresiva sus presupuestos militares para reforzar la seguridad colectiva.

Aquel pacto fijaba que cada país debía acercarse al 2% de su producto interior bruto en una década. El PIB es la referencia porque permite comparar esfuerzos entre economías de tamaño muy distinto: no es lo mismo lo que puede gastar Alemania que Montenegro, pero el porcentaje sobre la riqueza nacional iguala la vara de medir. Dentro de ese 2% existe además una regla complementaria: al menos una quinta parte del gasto debería dedicarse a equipamiento e inversión, no solo a personal.

La pregunta interesante es qué cuenta como gasto en defensa. Y aquí aparece la primera sorpresa. La definición de la OTAN es más amplia de lo que muchos imaginan: incluye los pagos de los gobiernos para cubrir las necesidades de sus fuerzas armadas, el equipo pesado, la investigación y el desarrollo, pero también las pensiones de los militares retirados y de los empleados civiles de los departamentos de defensa. Conceptos que un ciudadano no asociaría a lo militar entran en el cómputo.

Esa definición explica por qué las cifras de la Alianza y las de cada Estado no siempre coinciden. Las diferencias, según la propia OTAN, se deben tanto a las distintas previsiones de PIB que se manejan como a los criterios de cada país sobre qué partidas incluir. Un mismo presupuesto puede arrojar un porcentaje distinto según se calcule en Bruselas o en la capital nacional, lo que alimenta no pocas polémicas.

España es un buen ejemplo de esta contabilidad. El informe de la OTAN publicado en agosto de 2025 calculaba que el país alcanzaría ese año, por primera vez, el objetivo del 2%. Para lograrlo, el gasto en defensa pasó de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones en 2025, un incremento del 45% en un solo ejercicio, según los datos de la Alianza.

El listón, sin embargo, ha subido. En la Cumbre de La Haya de junio de 2025, los 32 aliados acordaron un objetivo mucho más ambicioso: el 5% del PIB para 2035. La cifra no es homogénea, sino que se desglosa en dos tramos. Un mínimo del 3,5% se destinaría a capacidad militar en sentido estricto, y un 1,5% adicional a la protección de infraestructuras críticas, ciberseguridad, movilidad militar y resiliencia, un concepto de seguridad más amplio.

No todos los socios interpretan igual ese compromiso. España sostiene que cumplirá los requerimientos militares de la Alianza invirtiendo alrededor del 2,1% del PIB, sin ceñirse necesariamente al 5% nominal, un matiz que ha generado tensión con Estados Unidos y con los aliados del este de Europa, partidarios de un esfuerzo mayor frente a la amenaza rusa.

Ese debate ha sido precisamente el eje de la cumbre celebrada en Ankara, donde los aliados debían presentar planes «claros, concretos y realistas» para poner en marcha lo pactado en La Haya. La cita turca no buscaba fijar nuevos objetivos, sino traducir el 5% en calendarios y compromisos verificables, el punto siempre más difícil de una alianza de treinta y dos miembros.

Conviene, por tanto, leer las cifras con cierta prudencia. El 2%, y ahora el 5%, no son medidas exactas de capacidad militar, sino referencias políticas construidas sobre definiciones contables que admiten matices. Saber qué incluyen y cómo se calculan ayuda a entender por qué un mismo país puede aparecer, según quién haga la cuenta, cumpliendo o incumpliendo su compromiso con la Alianza.