Mascarillas, comisiones y móviles intervenidos: la trama de Almería que arrancó en la pandemia y no deja de crecer

Empezó con mascarillas y guantes, en las semanas en que el país entero buscaba desesperadamente material sanitario, y ha terminado convertida en una de las investigaciones de corrupción más ramificadas de Andalucía. El llamado caso Mascarillas de Almería, que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital bajo la dirección del magistrado José Manuel Rey Bellot, dio a comienzos de este año un nuevo paso: la autorización judicial para acceder, volcar y analizar los teléfonos móviles de seis empresarios del sector de la construcción, una diligencia encomendada a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

El contrato del origen

El punto de partida de toda la causa es un contrato concreto. Según la documentación judicial, el 8 de abril de 2020, en plena primera ola de la pandemia, se adjudicó a la empresa Azor Corporate Ibérica un contrato de suministro de material sanitario, mascarillas, guantes y productos similares, por un importe de 2.036.186,24 euros. Sobre ese contrato de emergencia gira la sospecha inicial: la de un presunto sistema de comisiones vinculado a la adjudicación, con un sobrecoste que los investigadores cifrarían en torno a 945.000 euros.

Lo que en principio parecía circunscribirse a una operación puntual se fue ensanchando a medida que avanzaba la instrucción. De acuerdo con las fuentes del caso, la investigación mantiene en la actualidad a más de cuarenta personas y sociedades bajo la lupa, entre ellas cargos públicos, funcionarios, empresarios y familiares. Los presuntos delitos que se investigan son cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos, para hechos que se habrían extendido a lo largo de varios años.

Los nombres de la causa

Entre los nombres que han trascendido figura el de Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, a quien la investigación situaría como una figura relevante en la presunta recepción y distribución de comisiones, según la reconstrucción que manejan los investigadores. Tanto él como su hermano han sido citados a declarar. También aparece en la causa el exalcalde de Fines, con sociedades presuntamente vinculadas. Es obligado insistir en que se trata de indicios sometidos a instrucción y que ninguno de los investigados ha sido condenado.

El salto cualitativo llegó cuando las pesquisas patrimoniales y documentales de la UCO apuntaron, según la tesis judicial, a que aquel contrato de la pandemia no habría sido un episodio aislado, sino la punta visible de un presunto sistema institucionalizado de amaño. Los investigadores describen decenas de adjudicaciones de obra pública y contratos menores presuntamente manipulados, en algunos casos a través de sociedades pantalla o mercantiles con una actividad constructiva simulada, es decir, empresas que sobre el papel ejecutaban obras que en la práctica no realizaban.

La punta visible de un presunto sistema institucionalizado de amaño.

Por qué volcar los móviles

El volcado de los móviles se explica en esa lógica. En investigaciones de este tipo, los mensajes, las agendas de contactos y los registros de comunicaciones suelen ser la pieza que permite reconstruir quién hablaba con quién, cuándo y para qué. De ahí que la autorización para acceder a los terminales de los seis empresarios, dictada a comienzos de 2026, se interprete como un intento de tejer con pruebas objetivas lo que hasta ahora eran, sobre todo, rastros documentales y financieros. El análisis de ese material podría alargar la instrucción durante meses.

La causa no ha dejado de moverse en las últimas semanas. Según ha trascendido, algunas declaraciones previstas han sido aplazadas y el instructor habría abierto piezas separadas para investigar hechos conexos, en un procedimiento que se ramifica a medida que aparecen nuevos indicios. Ese goteo permanente es característico de las macrocausas: cada declaración, cada informe de la UCO y cada volcado de dispositivos abre líneas que obligan a reordenar el conjunto.

Al fondo late una pregunta que excede el caso concreto. La contratación de emergencia durante la pandemia, aquella en la que se relajaron los controles habituales para ganar velocidad frente a la urgencia sanitaria, ha dejado un reguero de causas judiciales por toda España. La de Almería es una más, pero ilustra bien el patrón: contratos firmados a toda prisa en el peor momento, revisados con lupa años después. Habrá que esperar al desenlace judicial para saber qué parte de las sospechas se sostiene. Hasta entonces, rige la presunción de inocencia para todos los investigados.