Los expedientes que apuntaban a la UCO: qué dicen los papeles del caso que llega al 16 de julio
La Audiencia Nacional investiga si la cúpula de la Guardia Civil abrió expedientes internos como «mecanismo de presión» sobre los agentes que destapaban la corrupción. El juez Pedraz cita a declarar a la número uno del cuerpo.
Conviene empezar por los hechos verificables, sin adjetivos. La Audiencia Nacional investiga si la dirección de la Guardia Civil utilizó su potestad disciplinaria para presionar a los agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, la unidad de élite que ha destapado buena parte de los casos de corrupción que salpican al entorno del Gobierno. El instructor es el magistrado Santiago Pedraz.
La fecha señalada
El calendario marca una fecha: el 16 de julio. Ese día, según El Independiente, Pedraz ha citado a declarar como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas. Los indicios que pesan sobre ellos son de dos delitos concretos, prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia. Ninguno de los dos ha sido condenado por nada; están citados para dar explicaciones.
El núcleo del asunto está en un dato frío: en apenas un año se abrieron tres informaciones reservadas contra agentes de la UCO. La Fiscalía Anticorrupción ha asumido la tesis de que esa reiteración no fue casual, sino un patrón. En su escrito, el Ministerio Público sostiene que la potestad disciplinaria dejó de funcionar como instrumento de control interno para convertirse, en sus propias palabras, en un «auténtico medio de intimidación institucional».
Un mensaje a los investigadores
Traducido: la sospecha que investiga el juzgado es que abrir expedientes uno tras otro enviaba un mensaje a los investigadores. El de que seguir tirando de determinados hilos, los que llevaban al Ejecutivo y al partido en el Gobierno, podía salir caro dentro del propio cuerpo. Es una hipótesis judicial, no un hecho probado, y así conviene leerla.
Auténtico medio de intimidación institucional
Hay un segundo documento que ordena la escena. Días antes de los registros del 27 de mayo de 2026 en la sede central de la Guardia Civil, Pedraz dictó un auto ordenando a la UCO que no informara a la cúpula del cuerpo de los avances de la investigación. Es decir, el juez blindó a los investigadores frente a su propia cadena de mando. Ese gesto, poco habitual, da la medida de la desconfianza que el instructor deposita en la dirección política del instituto armado.
El correo del descrédito
En el sumario aparece también un correo intervenido con un título elocuente, «Campaña descrédito UCO.doc», que según las fuentes periodísticas apuntaría a una estrategia para desacreditar el trabajo de la unidad. Aquí toca ser prudente: un nombre de archivo no es una condena, y habrá que ver qué contiene y quién lo escribió antes de sacar conclusiones. Los datos, para que valgan, hay que dejarlos madurar.
El 16 de julio, con las declaraciones sobre la mesa, se sabrá algo más. De momento, lo que hay son papeles, fechas y una tesis fiscal que la Audiencia Nacional ha decidido tomar en serio. El resto, el relato, las interpretaciones y los titulares gruesos, conviene aparcarlo hasta que hablen los investigados y respondan los documentos. Sin prisa, que es como se leen bien los sumarios.
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