La Audiencia ve «perfectamente verosímil» que Begoña Gómez se beneficiara de ser la esposa de Sánchez
El tribunal confirma el juicio con jurado popular por tráfico de influencias y malversación, aunque archiva el delito de corrupción en los negocios.
La Audiencia Provincial de Madrid considera «perfectamente verosímil» que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición» para obtener beneficios en el ámbito académico y empresarial. Así lo recoge un auto de 63 páginas en el que el tribunal confirma que Gómez será juzgada por un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, según informa ABC.
La resolución, dictada por la sección 23 de la Audiencia Provincial, respalda en lo sustancial la tesis del juez instructor Juan Carlos Peinado, quien sostenía que la esposa del presidente utilizó su «condición de esposa» para influir en sus negocios privados, llegando a emplear el Palacio de la Moncloa para celebrar reuniones vinculadas a sus proyectos.
Lo que dice el tribunal
Los magistrados subrayan una idea que va al corazón del caso: «La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias». Dicho en lenguaje llano, según el tribunal, no hace falta una llamada telefónica ni una orden directa: basta con ser quien se es para que la maquinaria administrativa se allane.
«La sola relación con la más alta autoridad del gobierno puede comportar una presión moral eficiente»
El foco de la investigación se centra en la cátedra extraordinaria y el proyecto «Transformación Social Competitiva» que Gómez dirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Según el auto del juez Peinado, desde que Sánchez llegó a la Moncloa se adoptaron «decisiones públicas favorables» a esa cátedra, decisiones que, a juicio del instructor, «pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional».
Qué se archiva y qué sigue
No todo sigue adelante. La Audiencia ha archivado para Begoña Gómez el delito de corrupción en los negocios y ha dejado sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre ella. La acusación que llega a juicio queda así circunscrita a dos figuras penales: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, que pueden acarrear penas de hasta cuatro años de prisión e inhabilitación para cargo público.
El juicio se celebrará ante un jurado popular, lo que añade una dimensión adicional al caso. Serán nueve ciudadanos, y no un tribunal de magistrados profesionales, quienes deberán valorar si la proximidad al poder constituyó un mecanismo de presión sobre la administración o si, por el contrario, las decisiones adoptadas respondieron a criterios objetivos.
Los antecedentes del caso
El caso arrancó con la investigación del juez Peinado, quien en abril pasado propuso juzgar a Gómez en un auto de 39 páginas. En aquel documento, el instructor ponía el foco en el ascenso político de Sánchez, «primero a la Secretaría General del PSOE» y «sobre todo a la Presidencia del Gobierno», como detonante de un trato de favor institucional hacia los proyectos académicos de su esposa.
La defensa de Gómez ha sostenido en todo momento que no existió presión alguna y que los proyectos se obtuvieron por méritos propios. Moncloa, por su parte, ha evitado pronunciarse en detalle sobre las resoluciones judiciales, limitándose a expresar su «confianza en la justicia».
La confirmación del juicio con jurado popular abre ahora un calendario judicial que marcará los próximos meses de la política española. Queda por ver la fecha exacta de la vista oral y si las acusaciones populares amplían su estrategia procesal tras la parcial victoria que supone el archivo de uno de los delitos imputados.
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